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Impuestos financian clubes sociales de empleados públicos Inmuebles son de uso exclusivo para los funcionarios o sus familiaresCentros tienen desde canchas de futbol hasta sendero de cuerdas y sauna Mercedes Agüero R. maguero@nacion.com Con el dinero de contribuyentes y usuarios de los servicios públicos, muchas instituciones financian centros de recreo para uso exclusivo de sus empleados. Algunos de esos clubes tienen canchas para practicar varios tipo de deportes, piscinas, salas de reuniones, ranchos para parrilladas y cabinas.
Los más sofisticados, como el salón multiuso del Incop -en El Roble, Puntarenas-, tienen gimnasio y hasta un sauna. Cuatro instituciones dedicadas a la prestación de servicios, destinan ¢65,9 millones al año para darle mantenimiento a esos centros recreativos.
Esas son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Nacional de Seguros (INS) e Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Por tanto, un porcentaje de las tarifas de agua, luz, seguros y servicios portuarios se emplea para financiar esos beneficios.
Para el presidente ejecutivo del INCOP, Paúl Zúñiga, los servidores públicos tienen derecho al recreo y el sano esparcimiento, aunque también deben aportar para tal fin. El secretario general del sindicato del INS, Luis Salas, argumentó que, en el caso de la entidad aseguradora, el centro de capacitación sirvió para ahorrar en el pago de caros hoteles. En todos los casos, las instituciones sostuvieron que se trata de lugares destinados a la capacitación del personal y que únicamente durante los fines de semana y feriados se utilizan para el disfrute de los trabajadores y sus familiares.
Moderno. Uno de los centros más modernos lo tiene el INS en San Antonio de Desamparados. El inmueble está valorado en ¢406 millones y cuenta con dos piscinas, un salón para conferencias, cancha de futbol, baloncesto, área para juego de niños y ocho ranchos equipados para parrilladas. El mantenimiento de esa propiedad, que también alberga un taller del Cuerpo de Bomberos, cuesta ¢2,4 millones mensuales. El ICE también tiene uno de los sitios de recreo más grande y equipado. Está ubicado en San Miguel de Turrúcares, en una propiedad de 11 hectáreas que tiene el Instituto. Cuenta con canchas de futbol e inclusive de tenis. Además, de piscinas, cabinas, sendero de cuerdas y salas de reuniones.
En ese terreno también hay almacenes, patios para chatarra y máquinas, salas de reuniones y laboratorios. Para mantener ese inmueble se destinan ¢6,5 millones anuales. El ICE no permitió el ingreso de este medio a ese complejo, ni tampoco reveló su precio. Gimnasio y sauna. Los empleados del INCOP tampoco pueden reclamar por falta de lugar donde ejercitarse. La institución portuaria tiene un gimnasio multiusos con máquinas para ejercicios y hasta un sauna. En ocasiones lo prestan a escuelas, colegios o asociaciones de desarrollo. El inmueble tiene un valor de ¢28,6 millones y su mantenimiento cuesta ¢3 millones anuales. Además, los empleados tienen acceso gratuito al balneario de Ojo de Agua, ubicado en Belén, propiedad del Incop. Japdeva, la otra entidad portuaria, informó de que no cuenta con fincas o centros de recreo de su propiedad. Sin embargo, entre el 2002 y el 2003, le giró ¢70 millones al sindicato para construir un club campestre. Recope no reportó propiedades destinadas para ese fin. Manifestó que el centro de recreo ubicado en Belén y el club vacacional en Manzanillo, Limón, son propiedad del sindicato de empleados de la institución (Sitrapequia). Los inmuebles son administrados por medio del Fondo de Ahorro, Préstamo, Garantía y Vivienda, el cual se nutre con un aporte patronal equivalente al 10 por ciento de la planilla de Recope. Los trabajadores aportan el 5 por ciento de sus salarios. La Nación solicitó el monto anual de ese aporte, pero la Refinería no dio el dato. No reportan. Por su parte, los bancos estatales (Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago) informaron de que no tienen casas de recreo, fincas ni clubes. Tampoco tienen esos beneficios los empleados de Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Mientras tanto, el Consejo Nacional de Producción y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) no proporcionaron la información.
Contraloría ordena al IDA vender antigua finca de recreo Mercedes Agüero R. maguero@nacion.com Demetrio Castillo, un agricultor de San Rafael de Alajuela, vive a la par de la "Finca Hitachi", que el IDA utilizó por 7 años como centro de recreo para sus empleados. La propiedad hoy está casi abandonada. Irónicamente, Castillo tiene que alquilar tierra para plantar maíz y frijol. "Hace tiempo no dejan entrar a nadie y los campesinos de este pueblo no tenemos donde sembrar", aseveró. La queja de este agricultor podría tener efecto. En setiembre anterior, la Contraloría General de la República ordenó al IDA vender la finca y destinar los recursos a la compra y distribución de tierra a los campesinos. El IDA informó el viernes de que el Ministerio de Hacienda está haciendo los avalúos del inmueble para fijar el precio de venta. La Contraloría también llamó la atención a los directivos de esa entidad porque la mencionada finca fue dividida en dos y porque desde que se compró ha sido destinada a fines distintos a los objetivos de la institución. Concretamente, señaló que "se ha utilizado como centro de recreación de los empleados del IDA, a pesar de que ello constituye un uso ilegal de los recursos públicos invertidos en ese inmueble". Para capacitar.La reprimenda del órgano contralor surgió porque el Instituto planteó utilizar esos terrenos para instalar un centro de capacitación en producción agrícola de alta tecnología para productores del IDA y del sector agropecuario. El costo del proyecto ascendía a ¢812 millones en los tres primeros años. La Contraloría consideró que el plan era improcedente por cuanto el IDA no tiene competencia para desarrollar un proyecto de este tipo si no tiene aprobación por ley. La finca, de 6,7 hectáreas de superficie, tiene dos casas, piscinas, rancho para actividades y canchas de futbol y de baloncesto. Fue adquirida en 1998, en ¢78,2 millones. Actualmente no recibe mantenimiento y solo es vigilada por oficiales de seguridad noche y día.
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