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Abstencionismo electoral Abstencionismo: síntoma de dolencias más profundas del sistema y de la clase políticaDaniel Zovatto El principal protagonista de las elecciones del pasado domingo en Costa Rica ha sido el abstencionismo. Aproximadamente 900.000 electores habilitados para votar no concurrieron a las urnas, con lo que situaron la cifra de la abstención electoral en estas elecciones casi en un 35%, más de 3 puntos por encima de la registrada en las elecciones del 2002. Y, si bien ahora la atención política está enfocada en la definición de quién será el próximo presidente, es evidente que no puede dejarse de lado una seria reflexión sobre las causas y consecuencias del comportamiento abstencionista del electorado, el cual debe ser visto como un síntoma de dolencias más profundas propias del sistema y de la capacidad de conducción de las élites políticas. La participación electoral se encuentra estrechamente relacionada con la gobernabilidad y el grado de representatividad de los dirigentes políticos. Desde el punto de vista normativo, el grado de participación de los ciudadanos en los procesos electorales es un indicador de la responsabilidad y la salud democrática de un país. Cuando la participación es alta, el escenario político es propicio para el buen desarrollo del gobierno, con am- plios niveles de legitimidad y un alto grado de representatividad política. Por el contrario, cuanto menor sea el número de personas que participen, mayores serán las probabilidades de que no se tomen en cuenta las necesidades y demandas ciudadanas y de que los funcionarios cedan a la inclinación de perseguir intereses privados. Un nivel bajo o decreciente de participación electoral puede no solo obstaculizar la representación democrática efectiva, sino también reflejar la falta de credibilidad en las instituciones democráticas que podría, incluso, amenazar la estabilidad del régimen. En pocas palabras, la escasa participación electoral puede desencadenar un ciclo de deterioro en el que la desilusión ante el desempeño de la clase política se convierta en caldo de cultivo de grados mayores de desconfianza y distanciamiento de la política, lo que, a su vez, reduce aún más la participación y los incentivos para un buen desempeño. Muchas son las variables que afectan el comportamiento electoral, y por ello es preciso insistir en la necesidad de no caer en explicaciones monocausales y deterministas. El tema de la participación electoral es sumamente complejo, en el que interactúan diversos elementos. De ahí la necesidad de que las explicaciones sean esencialmente multicausales. Algunas de las variables que influyen en este comportamiento son de tipo político-institucional, tales como la obligatoriedad del voto (acompañado, o no, de sanciones), la simultaneidad de las elecciones y el tipo de empadronamiento. Asimismo, las variables que refieren a la cultura política de un país y el nivel de confianza en las instituciones democráticas influyen en los ciudadanos para que sean más propensos a interesarse en los asuntos políticos. Por último, factores del proceso político, como el grado de libertades civiles y derechos políticos de un país también inciden en el nivel de participación electoral. La participación en cifras. En América Latina, la evolución de la participación electoral registra, para el período 1978-2004, un promedio del 72,95% en elecciones presidenciales y del 71,05% en las legislativas. Un análisis comparado muestra que Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina son los países que tienen los mejores promedios de participación en elecciones presidenciales, por encima del 80%, mientras que El Salvador, Guatemala y Colombia se ubican con los más bajos promedios, inferiores al 55%. A nivel centroamericano el panorama es similar. En esta región El Salvador y Guatemala tienen los niveles de participación más bajos. En un nivel intermedio se encuentran Costa Rica con un 78,8%, Honduras con un 73,5% y Panamá con un 72,7%. Por su parte, Nicaragua registra los mejores promedios de participación con un 80,6% a partir de 1990, año en que se celebraron las primeras elecciones consideradas democráticas. Si ponderamos el promedio de la participación electoral por años, se observa que la región centroamericana ha venido sufriendo una reducción considerable en los niveles de participación. Así se evidencia al comparar el cuatrienio 1978-1981, cuando la participación en elecciones presidenciales fue del 79,6%, con el periodo 2002-2004, cuando bajó al 67,74%; es decir, más de 11 puntos porcentuales. Un descenso más grave se dio en las elecciones legislativas, al bajar del 79,6% en 1978-1981, al 61,8% en el periodo 2002-2004, lo que significa una reducción de 17 puntos. Esta tendencia decreciente no es ajena a Costa Rica, sobre todo al observar la participación registrada en los tres últimos procesos electorales. En efecto, después de contar con una participación del 81,1% en las elecciones de 1994, ese porcentaje bajó al 70% en 1998, y disminuyó aún más en el proceso electoral de 2002, en el que solo participó un 68,86% de los electores habilitados. Por su parte, como ya señalamos, las elecciones de 2006 muestran la agudización de esta tendencia, al darse una participación aproximada del 65,5 por ciento. Un análisis del comportamiento costarricense parece indicar que los factores relacionados con la cultura política son los que están teniendo un peso significativo en la evolución reciente del comportamiento del elector. Ciertamente, Costa Rica es una democracia consolidada, en donde existen amplias garantías políticas y libertades civiles, y donde las características del sistema electoral favorecen la participación. Pero, al tomar en cuenta las mediciones del Latinobarómetro 2005 se constata que la ciudadanía tiene un profundo descontento con las principales instituciones democráticas. En efecto, los datos muestran que un 82% de los costarricenses desconfía de los partidos políticos y un 67% del Congreso. Por otro lado, el apoyo a la democracia en Costa Rica ha ido decreciendo, al pasar del 80% en 1996 al 73% en el 2005. Aún más drástica ha sido la disminución en la satisfacción con la democracia, al pasar del 51% en 1996 al 39% en el 2005. Si a esto agregamos que ha crecido la desconfianza en el proceso electoral (solo 55% de los costarricense considera que las elecciones son limpias) y que solamente un 48% cree en la eficacia del voto para cambiar las cosas, se constata que efectivamente las percepciones del electorado parecerían explicar significativamente el tema del comportamiento electoral de los últimos 12 años. Sin lugar a duda, un análisis multicausal permite generar pistas sobre el diseño institucional democrático idóneo, con miras a fomentar una mayor participación electoral. No obstante, más que un buen diseño institucional, lo que se necesita es un reacercamiento de la política a la ética que se traduzca en una gestión pública responsable y efectiva, y que permita recuperar la confianza perdida en las instituciones democráticas y en la política en sí. Es claro que existe un problema y que este debe ser abordado con seriedad. Se trata de una fuente de preocupación y cuestionamiento que tiene que ver con la calidad de la representación política y con la eficacia y legitimidad de los partidos políticos. Como ha señalado Nohlen, el abstencionismo, en la concepción liberal, es solo una de las expresiones de un problema mayor, cual es el descontento con el desempeño de la democracia y sus instituciones. Los datos son una señal de alarma que llaman a la reflexión.
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