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Juez autorizó mayores plazos para acusar por caso CCSS-Fischel Justifican resolución con complejidad de investigacionesEsperan pruebas del exterior y final del informe económico del OIJ Ernesto Rivera erivera@nacion.com El Ministerio Público obtuvo ayer una vital cuota de "oxígeno" para concluir la investigación del caso CCSS-Fischel. Ayer por la tarde la jueza penal Magaly Hernández Solano, del segundo circuito judicial de San José, accedió a extender el plazo límite que tiene la Fiscalía para presentar su acusación por el caso del crédito finlandés. La solicitud de extender los plazos había sido presentada ante la jueza por la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios el pasado 20 de enero. La jueza fundamentó su decisión en los artículos 376 y 378 del Código Procesal Penal, que permite dar más tiempo a la investigación cuando se trate de casos con un gran número de personas involucradas, múltiples hechos, abundante documentación y cuando se investigue cualquier forma de delincuencia organizada. El procedimiento aprobado este miércoles se denomina "trámite complejo" y en la práctica resulta en una ampliación de los tiempos previstos en la Ley para concluir la investigación preparatoria del juicio, los plazos de la deliberación, el plazo para dictar la sentencia respectiva y también para que las partes interpongan recursos. Los fiscales indicaron a la jueza que aún esperan el resultado de "diligencias e informaciones del extranjero" y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluya un informe económico sobre el complejo caso. Complejas pesquisas. La investigación de los fiscales indaga las relaciones que establecieron el expresidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas García, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, y el empresario Walter Reiche Fischel, entre otros, en la compra de $39,5 millones (¢19.750 millones, al cambio actual) de equipo médico para la CCSS. También la posterior distribución de más de $8,8 millones (¢4.400 millones) en comisiones dadas a distintos funcionarios públicos, políticos y empresarios. Los delitos que se investigan en este caso son los de corrupción agravada, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y otros, todos en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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