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EDITORIALLa transparencia electoral Debemos estar tranquilos mientras se cuentan los votos y se da el resultado oficialEn esta actitud de expectación sobre el resultado definitivo de las elecciones presidenciales, todos debemos partir de una premisa incontrovertible: no existe razón alguna para suponer que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no cumplirá con absoluta rectitud, honestidad y transparencia las funciones de conductor y árbitro final del proceso electoral que le confieren nuestra Constitución y nuestras leyes. Existen abundantes motivos para confiar totalmente en su labor: la absoluta independencia e imparcialidad que, por mandato legal y práctica institucional, es consustancial a su desempeño; la experiencia que tanto su estructura como sus magistrados tienen en el desarrollo y control de elecciones; los procedimientos absolutamente definidos y transparentes conforme a los cuales se rige, tanto en tiempos normales como en momentos especiales; el carácter material de las papeletas de votación, y la tradición de minucioso respeto a la voluntad popular que caracteriza a nuestro país. Por esto, quienes pretenden levantar dudas e intranquilidad sobre la evolución y desenlace de esta coyuntura electoral no solo incurren en una burda inexactitud, sino, peor, en una injustificada y censurable irresponsa- bilidad. Todos deseamos que los resultados definitivos y oficiales de los comicios se hagan públicos lo antes posible. Es entendible, además, que quienes se sienten triunfadores deseen una declaratoria provisional de ganador y la consecuente aceptación explícita de los perdedores. Esto es lo normal en nuestro juego político-electoral. Sin embargo, por el ajustado resultado, y por las susceptibilidades que se generan alrededor de él, es preferible, como expresa el dicho, ir lento pero seguro. Y debe tenerse muy presente que existen justificados factores que pueden incidir en una menor celeridad del resultado oficial. Entre estos es particularmente importante la tarea de los fiscales de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC) durante el conteo manual de los votos. Precisamente por la pequeña diferencia entre los candidatos presidenciales de ambos, en esta oportunidad sí que cualquier voto cuenta, y esto ya ha conducido a que sean extremadamente celosos del proceso. Perfectamente pueden existir votos nulos que se consideren válidos, o a la inversa. Cuando así ocurre, se pide la revisión, que sigue un claro procedimiento: si ambos fiscales estuvieran de acuerdo, se sigue adelante; si hay discrepancias, un magistrado toma la decisión, pero si esta no es aceptada por alguno de los representantes partidistas, entonces tiene que ir a consideración del pleno de los magistrados. Todo esto hace más lento el procedimiento, pero lo dota de una enorme transparencia y certeza. El carácter físico de las papeletas es parte de lo que hace posible la pureza del anterior procedimiento. Esto dista mucho, y para bien, de sistemas como el estadounidense, donde existe el voto con máquinas, con procedimientos a menudo confusos, que sí pueden suscitar, como en la primera elección del presidente George W. Bush, enormes problemas de interpretación sobre las reales intenciones de los votantes. En resumen, Costa Rica, no solo por razones de cultura política (que son esenciales), sino de arquitectura legal e institucional, tiene un sistema electoral blindado contra las irregularidades y absolutamente confiable en cuanto a los resultados. Esta realidad nos debe dar a los ciudadanos y a los actores políticos tranquilidad y confianza sobre la exacta correspondencia que, finalmente, existirá entre la voluntad popular y su reflejo en el resultado oficial que emita el TSE. En esto descansan nuestra estabilidad política y la legitimidad de los gobiernos. Y, con bases tan sólidas, lo que se imponen son la serenidad de todos y el rechazo de quienes, con intenciones espurias, pretenden enturbiar la situación o precipitarse con declaraciones imprudentes.
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