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Iglesia pide a guerrilla devolver bienes Líder católico dice a AUC que devolver armas no es suficienteGuerrilleros no tienen que devolver lo que hayan tomado por la fuerza Bogotá. AFP. La Iglesia Católica colombiana demandó ayer a los jefes paramilitares, inmersos en una negociación de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, devolver las propiedades que tomaron por la fuerza, como requisito para su reinserción a la vida civil. "Hay que tener el máximo de cuidado porque realmente esos bienes que ellos se han tomado por la fuerza deben volver a sus dueños. Allí tiene que haber una claridad por parte de la justicia", dijo monseñor Pedro Rubiano, arzobispo de Bogotá y cardenal Primado de Colombia.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevan a cabo un proceso de desmovilización como parte del proceso de paz iniciado en el 2003 con el gobierno de Uribe, y que ha permitido hasta la fecha la entrega de armas por parte de 21.300 guerrilleros. Armas no son suficientes. "Los grupos paramilitares que se desmovilicen deben devolver lo que tomaron de manera arbitraria. No es suficiente entregar las armas, sino también lo que con esas armas ellos adquirieron, que son bienes que injustamente no pueden seguir reteniendo", añadió el religioso. Rubiano dijo que en todo el proceso de reinserción a la vida civil de los excombatientes es "fundamental" la reparación a las víctimas. "Esa reparación comienza devolviendo lo que no es de uno. También, es una condición importante la confesión de los daños que se hicieron. El país sabe que ellos han hecho mucho daño y la única forma para poder reincorporarse a la sociedad es reparando a las víctimas", concluyó el prelado. Polémica ley. La recientemente promulgada Ley de justicia y paz, que otorga beneficios a los paramilitares desmovilizados, ha recibido críticas por parte de las Naciones Unidas y otros organismos no gubernamentales, pues consideran que "no logra establecer adecuadamente el respeto por los derechos de las víctimas". La ley dio estatus político a los paramilitares de extrema derecha y fijó penas máximas de ocho años de cárcel para los excombatientes acusados de delitos atroces, como masacres, secuestro, desaparición y desplazamiento. También estableció la confesión espontánea de delitos, la reparación a las víctimas de la violencia y la devolución de los bienes adquiridos ilegalmente. La más reciente ceremonia de desmovilización se realizó el martes, cuando uno de los jefes paramilitaras más antiguos entregó sus armas junto con 990 combatientes de las AUC.
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