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Enjuician a extesorero del PUSC Lo acusan de dar datos falsos sobre contribuyentes en campaña del 2002Testigos detallan ruta de dinero, pero sin dar nombre de donantes Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com El extesorero del PUSC, Fernán Guardia, enfrenta un juicio por supuesta falsificación de informes ante el Tribunal Supremo de Elecciones sobre contribuyentes de la campaña que llevó a la presidencia a Abel Pacheco en el 2002. El lunes, durante el primer día del debate, el imputado Guardia se abstuvo de declarar ante la jueza Elizabeth Tossi, del Tribunal Unipersonal de San José.
A lo largo del juicio rendirán testimonio 17 personas, entre ellas el diputado liberacionista Luis Gerardo Villanueva, quien formó parte de la comisión legislativa que investigó las donaciones, y el canciller, Roberto Tovar, como uno de los encargados de los dineros de la campaña. También atestiguarán dos periodistas de La Nación que investigaron aparentes irregularidades en el manejo de los cheques. Ayer compareció el banquero Rodolfo Montero, quien se presentó como el encargado de la contabilidad del "grupo de amigos" de Abel Pacheco que movilizaron alrededor de ¢1.000 millones para la campaña política del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El testigo Montero explicó que con el fin de recaudar fondos abrieron cuatro cuentas bancarias, una de ellas en Panamá. Agregó que él era el encargado de recibir los cheques y llevar los saldos de las cuentas, así como de tener dinero disponible cuando el partido lo necesitara. Pero alegó que "nunca" supo de dónde provenían los fondos. Detalló que con la aprobación de Roberto Tovar, él emitía los cheques para el tesorero Guardia. Montero insistió en que nunca se discutió el tema de las listas de donadores, sino hasta que se dieron varias publicaciones y una comisión de la Asamblea Legislativa comenzó a indagar. Hubo tensión. "En una publicación del periódico dijo don Fernán que a él le dan las listas (de donadores), entonces se suscitó una reunión. Todos estábamos tensos" , comentó Montero. Tanto a ese como a los otros tres testigos de ayer los fiscales Carlos Meléndez y Rodrigo Obando reiteraron consultas sobre la identidad de los donantes, pero ninguno dio información. La falsificación de documentos privados se castiga con prisión de seis meses a dos años.
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