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La Declaración de Arusha Nuevas cartas de navegación para aventurarnos hacia los descubrimientos precisos hagan falta.Carlos Sojo El pasado 15 de diciembre, reunido en la ciudad de Arusha, Tanzania, un grupo de académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales de desarrollo, suscribió un documento declarativo alrededor de la temática: "Nuevas Fronteras de Política Social". La declaración recoge así los principales argumentos emanados de una jornada de cuatro días de discusión convocada por el Banco Mundial. Esta es una iniciativa oportuna al finalizar el primer lustro del siglo XXI. Vivimos una época en que la pobreza extrema no cede, la riqueza tiende a concentrarse cada vez en menos manos y el ideal de la modernización se manifiesta como el derecho exclusivo de unos pocos habitantes del norte industrializado, tecnológico, digital.
Hasta ahora, son variopintos los éxitos alcanzados en la reducción de la pobreza. En China los niveles de pobreza bajaron de 53% en 1981 a 8% veinte años más tarde. En América Latina las proporciones también han disminuido pues la pobreza descendió 8 puntos porcentuales entre 1990 y el año anterior. Pero, en contraste, aumentó la cantidad de gente en la línea de pobreza, que es lo que importa en última instancia: en 2005, 213 millones de personas eran pobres en América Latina: 13 millones más que 1990. O sea que en nuestra región se empobrecen más de un millón de personas al año, lo que significa que a este ritmo mañana se habrán producido 3000 pobres nuevos, a una velocidad promedio de 125 personas por hora. Para enfrentar tales desafíos, es todavía poco, quizá elemental, lo que está claro. Persistir en las mismas rutas no parece conducir a nuevos horizontes de desarrollo social para el mundo. No se puede continuar con políticas sociales comprendidas como mecanismos de entrega de recursos fiscales residuales para los excluidos del proceso productivo. No se puede continuar con políticas circunstanciales que no garantizan continuidad en los apoyos. No se puede continuar con políticas verticales, de arriba abajo, que se alimentan del clientelismo, el paternalismo y la corrupción. No se puede continuar con políticas que ignoran especificidades culturales y territoriales. No se puede pretender, por último, cambiar relaciones sociales sin alterar relaciones de poder, como es evidente en la formación de clases medias que, en escala macro, no son producto del enriquecimiento relativo de unos cuantos pobres, sino de las capacidades distributivas mercados socialmente competentes y de los efectos de la estructura impositiva y el gasto público. Tres fronteras. La Declaración de Arusha identifica tres fronteras que deben ser remontadas para vislumbrar nuevos territorios de bienestar humano y desarrollo social. La primera frontera remite a la transformación de la condición subjetiva: reconocer que el destinatario de la política social no son usuarios o beneficiarios pasivos sino ciudadanos, esto es, individuos con derechos plenos que el Estado debe tutelar y respetar y que las personas pueden exigir. La demanda social adquiere, por consiguiente, condición central en la forma del reclamo a los derechos integrales de todas las personas. Al cruzar esta frontera, se deja atrás el país de los sujetos pasivos que dependen precisamente del voluntarismo y la caridad pública para vislumbrar una tierra nueva de ciudadanas y ciudadanos iguales en sus derechos. La segunda frontera supone un Estado capaz, accesible a la ciudadanía, responsable en su accionar y que rinde cuentas de sus actos. El fortalecimiento de las instituciones y el imperio de la ley, ya no cuenta solo para la operación de los mercados, que demandan así un clima adecuado para los negocios. La fortaleza de las instituciones estatales es precondición del desarrollo social y por consiguiente instrumento clave del desarrollo económico. La capacidad integradora del Estado debe alcanzarse no sobre la supresión de las diferencias sino con pleno respeto de las diversidades nacionales y culturales. Al cruzar esta frontera, queda atrás la ignorancia de las asimetrías de poder que impiden la satisfacción de los derechos ciudadanos y se vislumbra una sociedad donde las instituciones cuentan y garantizan estabilidad y paz social. La tercera frontera apunta a la sostenibilidad de largo plazo, al requerir el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de los Estados, todavía con el apoyo de la comunidad internacional, pero con el fin de reducir a largo plazo la dependencia de la ayuda externa. Al cruzar esa frontera la política social, financiada por la caridad internacional, dejará de ser la hermana menor de los gastos militares o de los fondos destinados al desarrollo económico, para convertirse en un instrumento de progreso nacional sustentado en recursos internos que dinamizan las instituciones y aseguran prestaciones duraderas para los grupos más vulnerables. El significado de la Declaración de Arusha no está quizá en la novedad de sus argumentos, porque es evidente que estas son cuestiones que se han venido formulando en el contexto global del debate sobre el desarrollo. Lo importante es la identificación de rutas comunes, una suerte de formulación de nuevas cartas de navegación para aventurar nuestras sociedades hacia los descubrimientos que hacen falta. Lo importante es también la convicción de que argumentos como esos no podrán continuar siendo ignorados por las políticas públicas si quieren de una vez por todas enfrentar la privación humana que, en todas sus formas, es la más profunda deuda de nuestro tiempo.
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