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Contrato sin licitación Con sus palabras, el nuevo presidente de Alterra verifica la enormidad del abusoRodolfo Silva, Guillermo Constenla, Manuel Sáenz Herrero, Rodrigo Cuesta, Otto Escalante, Mauricio Gutiérrez, Juan José Sobrado Con insistencia inexplicable que recuerda la triste época de los "contratos sin licitación", que la Constitución de 1949 y la ley proscribieron bajo severas penas para los funcionarios, empresas y participantes en ellos, Alterra y el Gobierno insisten en firmar ilícitamente un nuevo contrato del Santamaria, abusivamente a favor de la primera, bajo el pretexto de un addendum al original. Ya la Contraloría y un tribunal arbitral les dijeron que eso no se podía, porque el "memorandum de entendimiento" en que se basan no tiene "ninguna validez contractual", ni tampoco el modelo de proyecciones financieras (MPF) elaborado anualmente por Alterra y funcionarios del Cetac, que tiene un valor "puramente indicativo". No obstante, Alterra y el Gobierno pretenden que, con llamarle " addendum", pueden hacerlo, y que el MPF anual pase a ser el contrato, con valor superior a este y a cualquier otra disposición. De ese modo Alterra y el Gobierno podrían disponer libremente cada año de los fondos públicos, que es lo que está prohibido y han condenado la Contraloría y el tribunal. En perjuicio del país. Tal pretensión es tan burda, y contraria a reglas elementales del manejo de dichos fondos, que cualquier ciudadano puede apreciar su ilegalidad. Con ello tratan de validar sus cobros ilegales adicionales, que podrían llegar hasta $150 millones en el curso del contrato, y a futuro, con el addendum propuesto, resultan incalculables porque pueden aumentar anualmente lo que quieran, en perjuicio del país y siempre en beneficio de Alterra. Todo esto se origina en las reuniones a puerta cerrada entre el presidente de Bechtel Enterprises y el entonces presidente Rodríguez para variar ilegalmente el contrato, porque, a partir de ahí, se inicia este oscuro proceso y sus pretendidas bases, condenados repetida y contundentemente por la Contraloría General y por un tribunal arbitral. Contra estos criterios se insiste ahora, bajo el artilugio de un " addendum" al contrato". Desarrollo amenazado. Sin contestar ninguno de nuestros cuestionamientos, el señor Héctor García, nuevo presidente de Alterra, en su publicación "Nosotros Construimos" (¡vaya sofisma!) del 28 de enero, pretende que mientras ellos "trabajan por el bien de Costa Rica", nosotros les obstaculizamos. Entiende por "trabajar" subir ilegalmente los precios convenidos y contratar libremente, suspender las obras tres años, poner en grave riesgo el desarrollo aeroportuario y el futuro del comercio exterior y del turismo. Utiliza la antilógica más elemental: pasajeros hacinados en instalaciones que ya debieran estar ampliadas, al extremo de que Tocumen, en Panamá, con similar o menor tráfico aéreo, y cuya ampliación la hizo el Gobierno a un costo mucho menor, cuenta con 20 puentes de abordaje, y el Santamaría apenas con cinco. El desarrollo del país está gravemente amenazado, pero todo ello, según García, es "en beneficio de Costa Rica". De nuevo nos cree indígenas en taparrabos. Recién llegado, tampoco ve que las críticas a los incumplimientos de Alterra proceden de muchas personas y entidades de prestigio que defienden el interés nacional.
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