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Cobraba beneficio pero seguía trabajandoEducador deberá devolver ¢72 millones de pensión Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com La Dirección Nacional de Pensiones exige a un educador universitario y microbiólogo de 61 años de edad devolver ¢72 millones por una pensión que recibió por más de tres años, al parecer, en forma ilegal. El hombre, de apellidos Marín Rojas, se pensionó como profesor de la Universidad de Costa Rica en febrero del 2002 y desde entonces y hasta julio del 2005 devengó una pensión por ¢1.756.000 mensuales. Sin embargo, durante ese período continuó con su otro empleo como regente microbiológico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Ley 7531 del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional establece que una persona no puede cobrar la pensión mientras continúe ofreciendo sus servicios en otro empleo. Así lo confirmó ayer el ministro de Trabajo, Fernando Trejos. El jerarca explicó que el microbiólogo también tendrá que pagar otros ¢18 millones por concepto de cláusula penal. Marín Rojas no devenga la pensión desde julio del 2005, cuando la Dirección de Pensiones detectó la supuesta anomalía, no obstante, el educador apeló la medida. El 6 de enero pasado la DNP ratificó su decisión y rechazó la apelación planteada por Marín. Según Fernando Trejos, ahora lo que corresponde es que este microbiólogo llegue a un arreglo de pago con la DNP. Si no lo hace, se expone a que le embarguen su otro salario o los bienes que aparezcan reportados a su nombre. La única alternativa para que esta persona recupere su derecho a la pensión es que renuncie a su puesto en la Caja y realice un arreglo de pago con la Dirección de Pensiones, dijo Trejos. El jerarca también confirmó ayer que un empleado del Ministerio de Trabajo, de apellidos Ramírez Vega, también fue denunciado en el Ministerio Público por el aparente delito de estafa. Al parecer este funcionario del departamento de salarios cobraba entre ¢25.000 y ¢30.000 para "acelerar" trámites de pensión. Los afectados denunciaron el caso en el Ministerio de Trabajo y el Organismo de Investigación Judicial allanó el escritorio de Ramírez. Allí encontró información que podría incriminarlo, explicó Trejos.
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