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Las últimas tentaciones Es de buena ley ayudar a los amigos y partidarios, pero no con los recursos públicosGobernar significa anteponer el bien común a cualquier otra consideración El ciclo electoral o, mejor, la tentación del fin del reino, cuando un gobierno está a punto de bajar el telón, presenta varias caras ajadas: el nombramiento de amigos, familiares o partidarios para que sigan bajo el alero del Estado; la distribución de los recursos públicos para complacer peticiones o satisfacer deudas políticas; el favorecimiento en la adjudicación de negocios, la expansión del clientelismo político y, en general, el aumento del gasto público para aupar al candidato oficial, lo que, en esta campaña, no ha sido posible por razones obvias. Al conjuro de estas experiencias o malos recuerdos, nos preocupan hondamente algunas informaciones de estos días. Primer hecho: el gobierno ha allanado el camino para costosos beneficios -privilegios- en Japdeva, al amparo de la convención colectiva. Recalcamos que el Gobierno es responsable por cuanto tiene todos los medios en sus manos para impedir este nuevo asalto contra las finanzas públicas. Se trata del viejo anhelo del sindicato de Japdeva del pago de escandalosas prebendas por ¢800 millones, rechazadas por Aresep. Para obviar este obstáculo legal y moral, se destituyó al anterior presidente ejecutivo, José Alberto Amador, opuesto a estos abusos, y, ahora, se pretende echar mano de la figura del pago por incremento de la productividad, incorporado a la convención. Y aquí paz y allá gloria. Ni siquiera se atrevieron los directores de Japdeva a formular una consulta a la Procuraduría. De este modo, el Gobierno es coherente con el temor a los sindicatos. ¡Triste forma de gobernar y decir adiós! Segundo hecho: era costumbre que, en Recope, los gerentes se nombrasen por cuatro años. En esta oportunidad, sin embargo, se nombró a dos gerentes por seis años. Tercer hecho: el presidente Pacheco anunció, el martes pasado, que el actual presidente ejecutivo del INA, Róger Carvajal, "un señor milagroso", según lo calificó, esposo de la primera vicepresidenta de la República, Lineth Saborío, será designado gerente general de Racsa. Aunque don Abel pretendió curarse en salud diciendo que este es un tema de la junta directiva de esta entidad y que le dolía que "se lo estuvieran robando", estos favores, como en el caso de Recope, no se habrían distribuido con tanta largueza y tan poco respeto a la opinión pública sin la venia previa del gobernante. Este es, como sabemos, un negocio seguro, sea que tengan los beneficiarios la indelicadeza de aceptar estos cargos, en estas condiciones, sea que, destituidos por el nuevo gobierno -excepto que sean hijos de una negociación-, se aseguren una elevada indemnización. Nota al margen: un elemental sentido de recta administración indica, más si se trata de cargos estratégicos en el Estado, que estos puestos, en todas las instituciones, sean el resultado de un amplio y transparente concurso público. La liberación de este trámite, gracias a normas internas, no legitima, en modo alguno, este proceder. En nuestro país, siguen imperando estos cálculos políticos, lo cual explica muchas cosas en la asendereada administración pública. Cuarto hecho y más: en la Asamblea Legislativa, como se sabe, no pocos de los diputados salientes les dejan a sus asesores la herencia de un cargo fijo en este poder del Estado, con lo que su burocracia se torna cada cuatro años más obesa. Podemos concluir también que lo mismo puede ocurrir en el servicio exterior y en otros ministerios no precisamente con funcionarios competentes, sino con otros suficientemente previsores y cercanos al poder para asegurarse el futuro. No está de sobra, dado lo dicho y ciertos pasajes de nuestra historia política, reparar atentamente también en las licitaciones. En estos días, se han anunciado algunas por montos muy elevados en Recope y Conavi. Esperamos que, en estos casos, se proceda con singular circunspección y responsabilidad. El confuso gobierno que hemos tenido en estos cuatro años así lo exige.
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