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EDITORIALControl de la evasión Se impone una reforma de toda la estructura del gasto y de la eficiencia en la productividad del EstadoEn el 2005, la recaudación total de impuestos subió un 20 por ciento en relación con la observada en el 2004, con un incremento real de varios puntos porcentuales. Según estimaciones de las propias autoridades, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación lograron reducir la evasión fiscal en 61.000 millones de colones. ¡Enhorabuena! El esfuerzo es muy meritorio y así debe ser reconocido por todos. El déficit fiscal se redujo al 2 por ciento del PIB, uno de los porcentajes más bajos de los últimos años. Disminuyó, también, la deuda pública total (interna y externa), y las tasas de interés se mantuvieron relativamente estables durante todo el período. Inversionistas y deudores recibieron, sin duda, un respiro significativo. Pero esas buenas noticias abrieron, de nuevo, la discusión sobre la necesidad de una reforma tributaria para establecer nuevos gravámenes. La discusión, para ser constructiva, debe plantearse en términos correctos. La cuestión no es si, en vez de aprobar nuevos impuestos, basta con recaudar mejor los existentes. No. Los impuestos existentes deben recaudarse mejor cada día, con o sin reforma tributaria, pues ahí reside el deber primordial de los funcionarios encargados de la Hacienda Pública y la necesidad de contar con suficientes recursos para infraestructura, por ejemplo, que ha sido prácticamente abandonada. Tampoco, si recaudar la evasión estimada por la Contraloría General de la República en los impuestos de Renta y Ventas, que alcanza un monto equivalente al 50 por ciento de su base potencial conjunta, substituye la necesidad de efectuar una revisión crítica de la estructura tributaria costarricense. Evitar la defraudación y mejorar la recaudación deben ser objetivos permanentes, independientemente de la estructura tributaria. El punto fundamental, tal y como hemos planteado en editoriales anteriores, es que existe una tendencia complaciente y conformista por parte de muchos políticos y funcionarios públicos de que no se pueden recaudar mejor los tributos existentes sin una reforma legal y que, además, la única forma de reducir efectivamente el déficit fiscal es aumentando la carga tributaria. Esa negativa actitud es la que hemos combatido y seguiremos combatiendo. El monto recaudado de más por Hacienda y Tributación en el 2005, aun sin la polémica reforma tributaria, demuestra fehacientemente que no era -ni es- necesario aprobarla para recaudar mejor los tributos existentes. La ley actual permite la aplicación de tecnologías más eficientes, como la denominada tecnología moderna para el control aduanero (TICA) y el Plan General de Control Tributario para integrar la labor de fiscalización de Tributación con la Dirección de Aduanas, Hacienda y la Policía de control fiscal, con resultados innegables. Recuérdese, precisamente, que el argumento esgrimido por la Tributación en 1999, para que se aprobaran las reformas al Código Tributario, era la necesidad de mejorar el sistema sancionador administrativo y penal e imponerles un costo financiero a la evasión y fraude, para cobrar mejor los impuestos. Ya se le han dado a la Tributación instrumentos importantes para que pueda cumplir bien su labor. Lo anterior no quiere decir que nos oponemos a proporcionarle más instrumentos de cobro a la Dirección General de Tributación para mejorar su desempeño. Tampoco, que no consideremos conveniente reformar la legislación tributaria actual para ampliar las respectivas bases de cobro, uniformar tarifas y eliminar el sinnúmero de exenciones, exoneraciones, exclusiones y privilegios existentes, tal y como sugiere la misma Contraloría General en su más reciente estudio sobre la evasión. Pero de ahí no se desprende que el contenido del proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa sea el que se deba aprobar ni, tampoco, el que haga el milagro de cerrar la brecha fiscal. Las enmiendas que sufrió en su larga tramitación y las ocurrentes modificaciones que, a última hora, le introdujeron los diputados de la comisión al inicio de esta campaña electoral, le han restado legitimidad, equidad y eficiencia en términos de la eventual recaudación. Además, el proyecto de Reforma Fiscal Integral, como eufemísticamente se le denomina, tampoco enfoca, en absoluto, las reformas necesarias a toda la estructura del gasto, incluyendo la eficiencia en la productividad de las distintas dependencias para determinar las verdaderas necesidades fiscales, en el marco de una redefinición de las funciones del Estado. Tampoco obliga al Gobierno a asumir las pérdidas del Banco Central para combatir la inflación, tal y como hemos insistido. Y mientras esto no suceda, no se debería recurrir al fácil expediente de pedir nuevos tributos con los raídos argumentos de que no se pueden cobrar bien los existentes, que es mejor aprobar una mala reforma que no aprobarla del todo, o que no se debe sujetar a una comprensiva reforma del Estado por no ser políticamente viable. El país, para progresar, debe desechar esa forma de pensar y actuar.
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