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EDITORIALPor una lucha civilizada Debe ser bienvenida la denuncia de Human Rights Watch contra el gobierno de BushNuevamente, y con razón, el Gobierno de Estados Unidos ha quedado expuesto ante la opinión pública internacional por su irrespeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Esta vez, la denuncia ha sido planteada por la organización independiente Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, en su informe anual, dado a conocer el pasado miércoles. El documento, como otros divulgados por el grupo, revela la seriedad y coherencia que lo caracteriza. Su actitud no es de ingenuidad frente a las amenazas que enfrenta la democracia, sea de regímenes despóticos, fanatismos o grupos terroristas, y su dedo acusador no se guía por razones políticas o ideológicas, sino por la constatación de hechos. Por esto, y por el tradicional papel de Estados Unidos como país promotor de la democracia y los derechos humanos, es que la denuncia cobra particular importancia. Al presentar el informe, Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, fue claro al decir que "combatir el terrorismo es central para la causa de los derechos humanos", algo con lo que coincidimos plenamente: su cruel e indiscriminada violencia contra víctimas civiles está entre las peores agresiones contra la humanidad, algo que se agrava aún más por los objetivos de fanatismo y dictadura que generalmente persiguen. Pero, como añade Roth, "usar tácticas ilegales contra presuntos terroristas es tanto equivocado como contraproducente". Y esto último es lo que, desgraciadamente, ha venido haciendo la administración de George W. Bush desde los terribles atentados del 11 de setiembre de 2001, los cuales no nos cansamos de condenar. Desgraciadamente, las violaciones cometidas por Estados Unidos en el combate antiterrorista no se originan solo en errores o excesos momentáneos. Responden, en el mejor de los casos, a una actitud extremadamente complaciente ante sus "operadores" en el terreno, de lo cual las torturas en la prisión de Abu Graib, en Iraq, son el más conocido y cruel ejemplo. Pero, como muestra de lo peor, también son parte de una política deliberada, que emana del presidente Bush, y de la cual los defensores más acérrimos han sido el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. De ella forman parte la detención y maltrato de sospechosos en la base naval de Guantánamo, al margen de cualquier convenio internacional; el envío de ciudadanos extranjeros capturados por los estadounidenses para ser interrogados en países con pésima trayectoria en derechos humanos, incluida Siria; los centros de prisión secretos que ha mantenido la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en países de Europa Oriental, y la amenaza presidencial de vetar una ley que prohíbe el trato "cruel, inhumano y degradante" contra los presos. Todos estos métodos y ejemplos son, en sí mismos, inaceptables. Aunque se les intente justificar como necesidades frente a un enemigo tan terrible como el terrorismo, violan directamente valores universales básicos y contradicen la esencia de la democracia; además, ni siquiera se ha demostrado que sean más eficaces que una estrategia enmarcada dentro del respeto a las garantías individuales. Pero, como si esto fuera poco, existe otra terrible consecuencia: la pérdida de legitimidad de Estados Unidos para cumplir con su tradicional y noble misión de defender la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo, lo cual alimenta el discurso y la capacidad de reclutamiento tanto de los propios terroristas como de los peores regímenes que existen alrededor del mundo. Hasta ahora, pareciera que la administración Bush no ha tenido ni la sensibilidad ni la inteligencia para comprender sus gravísimos yerros en esta materia. Por esto, sin caer en el juego de los fanáticos, terroristas o dictadores, hay que seguir denunciando su actitud. Y, por esto, debe ser bienvenido el informe de Human Rights Watch .
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