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Alterra y el taparrabos Que Alterra abra la contabilidad de Bechtel-Edica, de donde saldrán muchas sorpresasRodolfo Silva, Guillermo Constenla, Manuel Sáenz Herrero, Mauricio Gutiérrez, Rodrigo Cuesta, Otto Escalante, Juan José Sobrado.@nacion.com Alterra nos cree aún en taparrabos, y en su respuesta desenvaina los términos project finance para impresionar. Es bien conocido qué es project finance, pero debe ajustarse al contrato público, que Alterra viola reiteradamente pese a haber sido advertida por la Contraloría. Alterra pretende convertirlo en contrato privado, cambiable a voluntad de las partes, como si los funcionarios pudieran disponer a voluntad de los fondos públicos, y en esto se basa toda su argumentación. Olvida además que no es un concesionario, sino un "gestor" o simple administrador de tributos públicos, lo que agrava su posición. Efectivamente, los ingresos del aeropuerto son la única garantía para cubrir todos los compromisos y obligaciones, por lo que deben atenerse rigurosamente a lo pactado, lo que no han hecho. Sus ingresos y gastos admisibles los determina un contrato producto de licitación pública, pero Alterra no lo cumple, se lo brinca y repite siempre lo mismo, creyéndonos en taparrabos. Contrato único. El cumplimiento de los compromisos contractuales es básico. ¿Cuáles son esos compromisos? Únicamente aquellos que constan en el contrato producto de licitación pública. Lo que les haya permitido, de palabra, obra u omisión, un funcionarito público complaciente, y que no consta en el contrato, es basura, y los abogados de Alterra lo saben. Así que invocar derechos inexistentes diciendo: "En el 2001 quedaron establecidos los costos del proyecto.", o "Sorprende que. se cuestionen los términos acordados entre el Gobierno, la banca internacional.", es inaudito. Lo único válido es el contrato firmado el 18/10/2000, refrendado por la Contraloría el 4/12/2000. Allí se establecieron los costos tope del proyecto. Por ello, insistir Alterra en "acuerdos" del 2001, y en supuestos convenios entre el Cetac y la banca internacional, es desobedecer el Derecho y los dictámenes de la Contraloría que los reputan de ilegales. Baste saber que el contrato establece que el único responsable por el financiamiento del proyecto es el Gestor, no el Gobierno. No sorprende que el señor Héctor García, de Alterra aparente desconocerlo. En eso, y en la arrogancia de Alterra, que pretende imponer su voluntad contra la ley nacional, para lo cual extorsiona con la paralización de las obras, se basa todo lo que dice. Ignorando que el contrato es lo que se firmó y no lo que pretende, dice que "su cumplimiento se basó en la seriedad de las instituciones y gobernantes costarricenses". Debe saber que precisamente la seriedad de nuestras instituciones es lo que garantiza que actos ilegales de los funcionarios no atropellen nuestras leyes. Por eso, la Contraloría los puso en su lugar, señalando la ilegalidad de lo actuado por los funcionarios que favorecían impropiamente a Alterra. Sobre la garantía de sus auditores baste recordar al lector que estos auditan la contabilidad de su cliente, y no el contrato público en la relación con el Estado. Truco de cifras. Inflados los costos, las cifras de García son obviamente distintas. Es falso que haya $83 millones en obras terminadas pues la realidad es que, según los precios cotizados, su valor es apenas de $37 millones. O sea que, por esa sola vía, según los propios números de Alterra, escamotea $45 millones, entregados de más a sus socios Bechtel-Edica, que son los subcontratistas de obras. Si quieren transparencia, abran la contabilidad de Bechtel-Edica, de donde saldrían muchas sorpresas. Igual de engañosos son los gastos de desarrollo -según García, $18 millones-, que Alterra cobró con intereses y los incorporó a las tarifas ilegales del 2002, pese a que la suma contractual es de $3,4 millones. Alterra alega gastos de operación y mantenimiento por $51 millones, aunque la suma estipulada en el contrato era menos de la mitad de ese monto. Además, saca de la manga $47 millones en supuestos gastos de infraestructura, sin ninguna explicación. Como se ve, no solo sobran los $100 millones en sobrecostos, sino que Alterra pretende ampliar a un total de $150 millones por vía del addéndum, mucho más que lo cotizado y adjudicado. Como parte de considerarnos en taparrabos, vuelven con la falacia de que a los contribuyentes no les cuesta un dólar la infraestructura aeroportuaria, y que el Estado recibe las obras sin costo alguno. ¿Acaso no son los tributos pagados por los contribuyentes los que cubren todo? Pero, según Alterra, lo hace San Nicolás. Con esas manipulaciones, García fabrica un alegado déficit, que hasta su propio director financiero, Aguileta, negó cuando dijo por la prensa que "siempre tuvieron disponible el dinero para hacer las obras y que fue un error paralizarlas". ¡Miente, miente, que algo quedará! Sobre todo si nos cree en taparrabos.
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