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EDITORIALAlcahuetería vial El tema de los accidentes de tránsito, con su larga y dolorosa secuela de muertes y lesiones, forma parte de la agenda esencial del país. Por ello, ha sido motivo de numerosos reportajes y comentarios editoriales de La Nación. El esfuerzo informativo de la prensa nacional y la labor de las autoridades de Tránsito no han alcanzado aún el objetivo de una reducción sostenida de esta calamidad pública. Conviene, por ello, reparar en una de las causas principales de esta patología social, enunciadas en nuestra edición del lunes pasado, al referirnos a las multas. En esta información, el exdirector de la Policía de Tránsito, Ignacio Sánchez, sintetizó el problema en los siguientes términos: los conductores solo reaccionan sometidos al temor de una sanción sustancial que, en verdad, los impulse a respetar las normas de tránsito, lo que implica una legislación más fuerte. Esta presión es mucho más eficaz que las campañas de prevención, loables, pero insuficientes o inútiles, sin el apremio del castigo que, además, debe cumplirse sin contemplaciones. En segundo lugar, Costa Rica tiene los montos de multas más bajos de América Latina, un recuadro de permisivismo y hasta de alcahuetería que se extiende también a otros campos y que, además de deformar el sentido de responsabilidad de la gente, contribuye a deteriorar las instituciones públicas en sus funciones básicas de servicio a la comunidad. Se le exige al Estado la máxima eficiencia, pero la renuencia a pagar puntualmente o lo justo está a la orden del día. En nuestra edición del lunes anterior, se mostró el grado de desactualización de las multas en materia de tránsito. Estas se fijaron en 1993 y no se han modificado en estos años. Todo lo demás, sin embargo, ha aumentado de precio. Por ello, infracciones tan graves como la falta de licencia y el manejar en forma temeraria o en estado de ebriedad se sancionan con una multa de ¢20.000 que, si se hubieran actualizado, al ritmo de la inflación, ascenderían a ¢92.000, una multa, además, que, en otros países, se calificaría como complaciente. Para endurecer las multas se enviaron sendos proyectos de ley en el 2000 y en el 2003, pero seguramente los diputados desconocen la realidad nacional y no han tomado conciencia de la gravedad de este problema social, o bien, creen que se exponen a perder la popularidad. Confiamos en que sus sucesores procedan con más responsabilidad y sentido de la vida y del interés público. Es un hecho comprobado en todos los países que la dureza de las sanciones y su observancia fiel representa el medio más eficaz para reducir el número de accidentes, esto es, de luchar por la vida y la integridad física. En nuestro país, ocurre lo contrario. Todo conspira contra todo esfuerzo de orden y razonable sanción. El caso de la revisión técnica es típico. Este deber esencial, personal y social, se ha convertido en instrumento demagógico en manos de no pocos que, en el pasado, hicieron de la revisión un acto de corrupción y de inseguridad vial. El colmo de la liviandad es la actitud de dos candidatos presidenciales en esta campaña. Para estos el enemigo público es la revisión técnica, no la irresponsabilidad de los conductores y la falta de sanciones que, en verdad, induzcan a estos a respetar las normas y a las personas. Esta mentalidad populista nos revela cuán difícil es acometer la solución de los problemas del país, como la inobservancia colectiva de las leyes de Tránsito, cuando se ha de proceder con autoridad y rigurosidad.
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