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Intervenir el IDA Los actos de corrupción denunciados en el IDA no ocurrieron en esta administraciónGerardo Vargas Rojas Presidente ejecutivo del IDA Don Armando Mayorga (Buenos Días, 8/12/05), entre otras cosas, dice:"Una vez más, si La Nación no hubiese destapado el timo que hicieron esos empleados del IDA a costa de recursos públicos, el hoy escándalo habría sido un expediente más entre las cuatro paredes del Instituto". Por el derecho de la ciudadanía a la información veraz y para ilustrar a don Armando, debo indicar que los lamentables actos de corrupción ocurridos en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) no acaecieron en esta Administración y que más bien ella, desde el inicio, ha tomado todas las medidas correctivas a su alcance. Así, en setiembre del 2002, a solo 4 meses del inicio de la Administración Pacheco, la Directiva del IDA aprobó el nuevo "Reglamento autónomo de arrendamientos", cuyo art. 2 prohíbe arrendamientos del Instituto a favor de directores, funcionarios o sus familiares. Prohibición absoluta. En octubre del 2002, la Junta Directiva instauró una política de absoluta prohibición a los funcionarios del IDA para participar en los trámites de selección de beneficiarios, adjudicación y traspasos de tierra, cuando existan razones de interés personal, de sus familiares o de las agrupaciones a las que pertenezcan. En noviembre del 2003, la Junta Directiva dio su aprobación al nuevo "Reglamento autónomo para la selección y adjudicación de tierras", cuyo artículo 5 prohíbe precisamente a los técnicos del IDA participar en los trámites de selección de solicitantes para la adjudicación o traspaso de predios, cuando haya evidencia de intereses personales. A finales del 2004, se nombró una Comisión Interventora de la Región Pacífico Central. En junio del 2005, menos de 50 días después de haber sido nombrado este servidor como presidente ejecutivo, definimos como prioritaria la investigación de las supuestas irregularidades de la Región Pacífico Central. En setiembre del 2005, la Junta Directiva conoció el informe de la investigación en relación con este caso e inmediatamente ordenó la apertura de los procedimientos de revocatoria y nulidad de títulos en los casos de los terrenos cuestionados en dicha región . En esa misma fecha, la Junta Directiva ordenó la apertura de los procedimientos administrativos en la Unidad de Relaciones Laborales para establecer las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios cuestionados. Fue entonces aquí donde probablemente La Nación se enteró del asunto, y más de 2 meses después, el 22 de noviembre del 2005, lanzó la noticia. Hemos hecho lo que realmente nos ha correspondido, sin negligencia alguna, pero sin excedernos. Considero que el cumplimiento cabal de mis responsabilidades no amerita un exceso de protagonismo en los medios de comunicación ni en los cadalsos de la opinión pública. Recuperar la confianza. Para mí es absolutamente necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y eso se hace precisamente trabajando conforme al ordenamiento jurídico y corrigiendo los yerros que se dieron en el pasado, sin perjuicio de que, extemporáneamente, otros órganos del Estado y algunos medios de comunicación quieran contribuir a ese propósito. Posiblemente vale la pena aclarar que el programa que hemos impulsado, denominado "Programa de recuperación de terrenos mal adjudicados y mal utilizados", no comprende solamente las 100 hectáreas que La Nación señala, y que este mismo medio ha valorado en más de $8 millones, sino que comprende más de 800 hectáreas que, valoradas de la misma forma, tienen un valor superior a $64 millones y que, afortunadamente, a la fecha, ya hemos logrado revertir al IDA más de 430 hectáreas, con un valor, estimado de igual forma, cercano a $32 millones. Celebro que ese diario haya ocupado su atención en las investigaciones que hace meses venimos impulsando y me comprometo a seguir luchando contra la corrupción y a mantener informado al país de los resultados finales.
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