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/LA NACIÓN

TLC a plebiscito

Una decisión trascendental, que no puede quedar en manos de cincuenta y siete diputados

Rodrigo Alberto Carazo


Uno de los puntos débiles en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC) fue la "falta de mandato" de la población para el Gobierno en cuanto a su concreción. El tema, se dijo, no fue objeto de discusión en las pasadas elecciones, y resultan tan grandes los cambios que apareja que no podía el Ejecutivo asumir como ineludible una orientación dada en una u otra vía. Ello se reflejó en la gran diferencia entre dos etapas: la de la preparación y negociación, de mediados del 2002 hasta inicios del 2004, en la que se aceleró sin contemplación alguna, y la etapa que vino después, una vez concretado el texto, cuando el propio Poder Ejecutivo comenzó a preguntarse sobre las bondades que podría tener lo negociado.

Esa muy tica tendencia a "esperar que se aclaren los nublados del día" trajo efectos positivos. Se generaron posiciones en torno al Tratado. Ya no eran únicamente los que se sabían "ganadores" quienes impulsaban su pronta aprobación legislativa, sino que surgieron cada vez más voces de precaución, llamando la atención a algunos de los muchos "perdedores" y a la población en su totalidad. Se creó conciencia en el país; se hicieron cantidad de publicaciones (más de 20 libros en mi biblioteca, y no los tengo todos) e incluso, una vez que cesó la intolerancia en el Ministerio de Comercio Exterior, con la llegada de nuevos cuadros, se organizaron debates en muchos lugares del país.

No es para menos. La decisión es trascendental. No puede quedar en manos de tan solo 57 personas. Es mucho lo que está en juego para una parte muy importante de la población, y en general para la sociedad costarricense. Vale la pena el debate; fue oportuno el Informe de la Comisión de Notables designada por el Presidente. Abierto el proceso de discusión, es democrático ahora abrir el de decisión.

La ocasión es propicia. La discusión maduró precisamente al iniciarse el apogeo de la campaña presidencial. Los candidatos, de frente a los potenciales electores, habrían de explicar sus posiciones y sus futuras decisiones en torno al tema del Tratado y deberían comprometer, en una forma u otra, los votos de sus futuros diputados en relación a ese Tratado (sobra decir que, como era previsible, la definición no será tomada por los actuales).

A Costa Rica, país democrático, se le presenta la oportunidad de llevar a un verdadero plebiscito tan grave decisión. Confiábamos que quienes dirigen las campañas de los partidos habrían inducir al electorado a votar a favor de quien postule, en relación al TLC, la posición más acorde con el criterio de quien elige. De eso se trata la democracia.

Todavía hay tiempo de que ello sea así. Vale la pena que ese sea el tema de campaña. Es necesario que la población se pronuncie sobre el TLC. Así, no quedará duda ni valdrán posiciones retardatorias en los meses por venir.

Fin de la prisa. Algunos estrategas le temieron a la democracia y, después de impulsar por todas las vías posibles la aprobación del Tratado, bajaron la intensidad. Ya no hubo prisa. Pasó más de un mes antes de que la Asamblea Legislativa estuviera lista para analizarlo y discutirlo y, cuando finalmente arrancó, lo hizo para frenar en breve, suspendiendo sus sesiones dos semanas y yéndose a receso hasta después de las elecciones. La exposición pública que tendrían los polémicos temas del Tratado en la Asamblea Legislativa, la apertura de canales de comunicación para divulgar la discusión y la patética presentación que del Tratado hizo la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior (el Ministro ni siquiera estuvo presente; salió del país), le señalaron a quienes antes urgían su aprobación que es mejor esperarse y apostar en unas elecciones en las que, sin que el tema se discuta, sean previsibles los resultados y las posiciones de quien presumen será ganador.

Así no se hace democracia. No se puede ignorar a la gente. De actitudes como estas surge lo que después denuncian como "ingobernabilidad". Probemos de verdad la democracia. Que los candidatos manifiesten sin ambages sus posiciones sobre el Tratado. Que se les pregunte y repregunte y que el 5 de febrero, con esa información, el "soberano" decida.

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