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Candidatos encargarán a empresas privadas grandes obras públicas Cambio de mando 2006Eliminarán la figura de responsabilidad solidaria que se exige a las empresas Planean que los recursos de fondos de pensión financien los trabajos José Enrique Rojas jrojas@nacion.com La mayoría de partidos políticos planea que sea el sector privado el que construya puentes, carreteras, aeropuertos y ferrocarriles por medio del sistema de concesión de obra pública. De esa forma esperan, en caso de ganar las elecciones, enfrentar la falta de recursos estatales y desarrollar obras. Sin embargo, reconocen que para cumplir ese objetivo urge aprobar reformas a la Ley general de concesión de obras públicas y que el Gobierno asuma un compromiso de liderazgo.
La concesión consiste en otorgar a una firma privada la construcción y operación, por un tiempo definido, de una obra pública. El costo de la inversión del proyecto se paga por medio del cobro de un peaje a los usuarios. Al final del plazo, la obra se traslada al Gobierno. Costa Rica contó con su primera ley de concesiones en 1994 y no dio resultados concretos. En 1998 se aprobó la que rige en la actualidad, pero tampoco se ha logrado que alguna obra se construya bajo este mecanismo legal. Liderazgo. Para el aspirante libertario, Otto Guevara, el Gobierno debe convocar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Contraloría General para determinar cuáles son los principales obstáculos que existen en este campo y eliminarlos. Afirmó que, por ejemplo, se deben reformar los carteles de contratación para que solo incluyan variables como precio y garantía, y así se simplifique la escogencia de las ofertas. Antonio Álvarez, de Unión para el Cambio, destacó la idea de eliminar la figura de responsabilidad solidaria. La legislación actual establece responsabilidad solidaria para todos los miembros del consorcio al que fue adjudicado el proyecto, lo que involucra a la casa matriz de la sociedad local. Dijo que para fomentar la iniciativa privada, el Gobierno puede subsidiar parte de las tarifas que se cobran a los usuarios de proyectos como carreteras, pues para que sean rentables a una constructora los peajes deben ser muy altos. Al igual que Álvarez, Rubén Hernández, asesor legal de Liberación Nacional, apoyó la eliminación de la figura de responsabilidad solidaria que -dijo- no se aplica en ningún país del mundo. También indicó que utilizarán recursos de los fondos de pensiones complementarias para financiar obras y que de esa forma ganen rentabilidad y no financien deuda del Gobierno, como hoy. Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, aseguró que urge eliminar la corrupción de los procesos de contratación pues provocan apelaciones que atrasan las obras. Además, indicó que los carteles y las ofertas se colocarán en Internet para que los ciudadanos conozcan las empresas adjudicatarias.
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