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Gobierno procura arreglo con empresa que se adjudicó cárcel Negociación intenta evitar demanda y monto de indemnizaciónMinisterio de Justicia dice que plan de $72,8 millones ya no es necesario Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com El Gobierno procura un arreglo con la empresa de origen estadounidense a la que se adjudicó el contrato para construir y administrar la cárcel de máxima seguridad en Pococí de Limón, presupuestada en $72,8 millones. El objetivo es evitar que Management & Training Corporation (MTC) acuda a la vía judicial para reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento del Estado costarricense, al desistir del plan.
Con ese fin, desde mediados del 2005 delegados del Ministerio de Justicia, del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y MTC sostienen conversaciones.
"No sé de montos todavía. Hay mucho número por desmenuzar, gastos... no es sencillo. Hay un buen ambiente en el Gobierno y en la empresa, una buena disposición de tener estas conversaciones y juntos llegar, eventualmente, a finiquitar este asunto", confirmó ayer la ministra de Justicia, Patricia Vega. Argumentó que el Estado perdió interés en el proyecto porque la realidad carcelaria cambió, pues con el plan de construcciones ejecutado en los últimos años se disminuyó la sobrepoblación de reos al 1%, según ella. Entre las obras que se llevaron a cabo están 80 celdas de máxima seguridad disponibles desde setiembre pasado en el Centro Penitenciario La Reforma, Alajuela, de las cuales hay 20 vacías. Otro factor que pudo haber pesado para que el Gobierno se echara atrás es el costo del plan, que implicaba pagos mensuales de $770.000 (¢385 millones de hoy) a partir de la firma del contrato. "La conclusión que yo saco de este asunto es que hay formas de hacer las cosas. Esa no era la solución del sistema penitenciario, nosotros planteamos otra y ha resultado", concluyó Vega. De acuerdo con Alejandra Montiel, abogada del bufete Zucher, Odio y Raven, representante de MTC en el país, en este momento la empresa podría demandar al Estado pero es más beneficioso para ambas partes llegar a un acuerdo. "Estamos en una etapa de espera pero requerimos que el Gobierno tome una decisión final. Creo que el interés es concluir esto en esta administración" , agregó . Proyecto polémico.La construcción y operación de una cárcel de máxima seguridad por parte de una empresa privada (en la Leticia de Pococí) fue un plan impulsado a finales de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). De hecho, la firma del contrato de adjudicación se realizó en abril del 2002, el último mes del gobierno de Rodríguez. Las críticas comenzaron con la nueva administración, en mayo de 2002. El primero en hacerlas fue el ministro de Justicia entrante, José Miguel Villalobos, quien cuestionó el alto costo de la prisión y las potestades otorgadas a MTC. A las voces de protesta se unió un grupo de diputados y la Defensoría de los Habitantes, quienes acudieron a la Sala Constitucional porque en su criterio solo el Estado podía realizar las funciones de seguridad y custodia de personas privadas de libertad. La Sala Constitucional declaró sin lugar las gestiones, contra el penal, que tendría 50.000 metros cuadrados de construcción.
Aprobación con limitaciones Tras una intensa discusión que tardó 23 meses y concluyó con criterios divididos, la Sala Constitucional dio luz verde a la construcción y operación de la cárcel de Pococí por parte de una empresa privada. Cinco magistrados consideraron constitucional el cartel de licitación pero establecieron ciertos condicionamientos a la empresa encargada del proyecto. En la redacción del voto número 10.492 del 2004, se hicieron algunas interpretaciones del cartel para que fuera "congruente con el texto constitucional". Un ejemplo claro fue en el tema de la prestación de servicios de seguridad por parte de la empresa concesionaria, la cual supuestamente se encargaría de vigilar el perímetro interno del penal. El Estado solo se encargaría del perímetro externo. "Ninguna de tales cláusulas puede ser entendida en el sentido que permita al concesionario imponer sus decisiones o las de cualesquiera otros sujetos a los privados de libertad", señala el voto de mayoría. Junto a esa redacción se incluye una nota separada del magistrado Luis Paulino Mora, quien aún cuando apoya la constitucionalidad del cartel, enfatizó en las advertencias. "Las competencias del concesionario en materia sancionatoria y de seguridad, no pueden sustituir en forma alguna las precipitadas potestades soberanas o de imperio del Estado", agregó. Entre tanto, el voto de minoría del magistrado Gílberth Armijo y la magistrada suplente Susana Castro hizo énfasis en las incoNgruencias en el cartel de licitación que, a su juicio, revelaban vicios de inconstitucionalidad. Insistieron en que el contrato establece una serie de límites para que el Estado cumpla su deber de vigilancia y supervisión de la cárcel.
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