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TSE, reforma e innovaciones No hay que perder la perspectiva cuando se trata de juzgar nuestro sistema electoralÓscar Fonseca, presidente del TSE; Luis Antonio Sobrado, Eugenia María Zamora, Juan Antonio Casafont y Ovelio Rodríguez, magistrados del TSE. El editorial de La Nación ("TSE y diputados en deuda") del 8 de enero formula apreciaciones en torno a la ausencia de innovaciones con que se enfrenta el presente proceso electoral y que, por consideración a la opinión pública, merecen ser aclaradas. Primero, no hay que perder la perspectiva cuando se trata de juzgar nuestro sistema electoral. Una simple mirada comparativa de las realidades que imperan al respecto en el entorno latinoamericano, permite apreciar su funcionalidad y bondades y entender por qué seguimos siendo un paradigma en aspectos tales como la registración civil, la cedulación de los costarricenses y la conformación de un padrón electoral con un envidiable nivel de depuración. Aún en aspectos que suponen un alto componente tecnológico, estamos a la vanguardia: la eficiencia en la transmisión de resultados provisionales y los mecanismos de información sobre el sitio de votación (por Internet y por consulta telefónica automatizada) siguen siendo motivo de admiración de parte de los observadores internacionales que nos visitan. Otro tanto podría decirse a propósito de la cantidad y calidad de la información puesta a disposición de cualquier interesado en nuestro sitio de Internet. Esfuerzos. Las autoridades y funcionarios del TSE están comprometidos con ahondar en la modernización electoral; pero es un hecho que la falta de voluntad política de la Asamblea Legislativa en aprobar las reformas propuestas por el TSE desde hace 5 años, pese a nuestra colaboración y constantes excitativas y gestiones, ha sido un importante obstáculo con el que nos hemos enfrentado. Aspectos como el voto de los costarricenses en el exterior, que contiene la propuesta del Tribunal, deberán esperar para hacerse realidad. No sabemos las razones de los legisladores para no aprobar las reformas, pero de ninguna manera aceptamos responsabilidad al respecto. Referencia especial merece el reproche relativo a la imposibilidad de que el costarricense pueda sufragar en cualquier lugar del país en que se encuentre el próximo 5 de febrero. Sin duda, esa es la meta que tenemos ubicada en el horizonte de proyectos, no solo por el abaratamiento de los gastos partidarios asociados al transporte, sino también por la mayor comodidad para el elector. Pero se trata de una idea que no es realizable a corto plazo, dado que el desarrollo de la tecnología todavía no ofrece, a precio accesible, los niveles mínimos de seguridad que demandaría. De hecho, el "voto en línea" es algo que casi ningún país, ni siquiera del mundo desarrollado, ha logrado más allá de contadas experiencias, la mayoría ligadas a modestos planes piloto. La automatización ha estado más bien circunscrita a la emisión del voto, manteniendo el concepto de junta receptora con padrón predeterminado. En las Américas, así sucede en países como Brasil y Venezuela. Esquema obligatorio. Así pues, la realidad nos obliga a mantener, por el momento, nuestro esquema de voto domiciliario, aunque podamos pronto extender el uso de urnas electrónicas. Pero también cabe apuntar que, aun en este capítulo, hay motivos para que los costarricenses estemos orgullosos. En el promedio latinoamericano, el costarricense es uno de los que más cerca de su casa tiene el centro de votación, gracias a la profunda y depurada distritación electoral por la que velamos. Por ello, el problema no lo tiene la mayoría de los ciudadanos, sino tan solo aquellos que, desde la obtención de la última cédula, han cambiado de lugar de residencia y, pese a que era su obligación legal y que el Tribunal desplegó una importante campaña pública de promoción, no actualizaron a tiempo su domicilio electoral (un trámite sencillo y que se podía hacer en cualquiera de las más de 30 oficinas del Tribunal en el país). Más que en ellos, el Tribunal ha entendido que su responsabilidad era concentrar esfuerzos y recursos en las minorías que, por sus particularidades, no pueden acercarse a las urnas de su barrio. Nos referimos a los exitosos proyectos, pioneros en Latinoamérica, de permitir la instalación de juntas receptoras de votos de los centros penales (a partir de 1998), hogares de ancianos (desde el 2002) y en la lejana isla del Coco (2006).
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