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EDITORIALUn muro inaceptable Los países que expulsan población deben reconocer sus responsabilidadesLa posibilidad de que Estados Unidos ponga en práctica una nueva y más estricta legislación migratoria, que incluiría la penalización de varias conductas y la construcción de un muro a lo largo de su frontera con México, ha producido justificado rechazo y preocupación en América Latina. Debería levantarlos también al norte del río Bravo porque, si ese controversial proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes a mediados del pasado diciembre, recibiera el respaldo del Senado y llegase a convertirse en ley, no solo tendría efectos devastadores sobre millones de inmigrantes, sino también sobre varias economías hemisféricas, sobre la propia economía estadounidense y sobre las relaciones interamericanas. Iría, además, contra el sistema migratorio "seguro, humano y ordenado" con el que oficialmente se ha comprometido el propio Bush. En vista de lo anterior, es necesario hacer todo lo posible por frenar la iniciativa: en Estados Unidos, mediante la movilización de los sectores políticos y sociales que entienden la gravedad del problema; en América Latina, con una ofensiva diplomática sistemática que refleje la justificación y la seriedad del rechazo. Dichosamente, ambos cursos de acción ya han comenzado. Por un lado, son muchos los senadores estadounidenses opuestos a la medida, y la Casa Blanca, aunque no ha tomado una posición frontalmente adversa, parece entender sus perturbadoras implicaciones. Por otro, la reunión celebrada el pasado lunes en México, entre los cancilleres de ese país, Centroamérica, Colombia y el vicecanciller de República Dominicana, para coordinar estrategias frente a la posible medida, es una sólida señal de solidaridad y preocupación, que debería ser tomada seriamente en Washington. En este caso, los países latinoamericanos que se verían más afectados están, a la vez, entre los mejores aliados de Estados Unidos en el hemisferio, algo que ningún gobernante o senador en su sano juicio debería pasar por alto. En primer lugar, México, pero también Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, son el origen de la mayoría de los inmigrantes. También, reciben de ellos recursos vitales para sus economías gracias a las remesas. No se puede desconocer que la emigración de millones de latinoamericanos, mayoritariamente en forma ilegal, es, en gran medida, resultado de malas políticas nacionales, que han impedido un desarrollo más vigoroso, capaz de generar más empleo en mejores condiciones. Por esto, no sería justo trasladar la responsabilidad del problema a Estados Unidos; pero esa población realiza también un gran aporte a su producción y servicios, enriquece su cultura y -en última instancia- está constituida por seres humanos que merecen dignidad y respeto. A todo esto debe añadirse que la simple represión y la "mano dura" generalmente no son la mejor política para contener la inmigración. Desgraciadamente, a pesar de tantos argumentos contra la iniciativa, nada garantiza que fracase. Tras ella hay poderosos sectores conservadores vinculados tanto al Partido Republicano, a muchos de sus legisladores y al Ejecutivo. Además, en noviembre se realizarán elecciones para renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y los costarricenses conocemos muy bien cómo la demagógica "dureza" en los asuntos migratorios puede manipularse en medio de una campaña. Finalmente, el tema del control fronterizo se vincula estrechamente con la preocupación por la seguridad interna contra el terrorismo, otro eje vital de la política estadounidense. Frente a este panorama, es indispensable, como medida inmediata, mantener los esfuerzos deliberados por impedir que se aprueben las nuevas disposiciones. No obstante, de poco servirán a mediano y largo plazos si los principales países expulsores de población no crean condiciones adecuadas para un mayor bienestar de sus ciudadanos. Esta es su más honda responsabilidad.
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