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Gobernabilidad de la migración Implicaciones de la nueva ley sobre migración en los hogares costarricensesAna Isabel García Quesada anaisabelgarcia2001@yahoo.com.mx El verdadero reto que tiene el país es lograr la gobernalidad de la migración, algo que tiene que ver no solo con el marco normativo e institucional, sino que apela a la necesidad de una visión integral de un fenómeno complejo y de una articulación nacional y binacional (si se examina únicamente la migración nicaragüense) e internacional en su sentido más amplio. En ese contexto precisamente hay que analizar la nueva Ley General sobre Migración y Extranjería, que aporta algunos elementos positivos (sobre todo porque tipifica el "coyotaje" y busca promover la regularización), pero que resulta insuficiente e incluso contiene aspectos discriminatorios. Quisiera referirme aquí a tres aspectos de esta nueva ley sobre los que me parece importante reflexionar. El primero es el énfasis que pone en la necesidad de regularizar la migración, algo fundamental en un marco de derechos humanos. Pero, para que esta política de regularización sea gobernable, debe facilitarse lo más posible el trámite y sus costos. En el caso de los nicaragüenses, que son la mayoría (el 80%) de nuestra inmigración, hay que considerar que se trata fundamentalmente de personas de baja condición socioeconómica que pasan la frontera para trabajar y sostener a su familia, que se incorporan sobre todo a ocupaciones de baja calificación (23% en trabajos agrícolas, 30% en industriales y 30% en servicios personales) y que, tal como demuestran varios estudios, perciben ingresos inferiores a los de trabajadores de otras nacionalidades y costarricenses. Descoordinación. Por otra parte, la necesidad de contar con una política nacional integral sobre migración requiere el establecimiento de principios acordes con los derechos humanos, universales e indivisibles, así como de la creación de una estructura operativa que articule la actuación de los diferentes entes involucrados. Aunque hay que reconocer que se han producido esfuerzos a este respecto en varios gobiernos, todavía hoy se trabaja de manera descoordinada y sin visión integral. Un ejemplo: una persona migrante indocumentada puede hoy obtener el seguro por ser trabajadora y ser atendida en un puesto de salud. Aunque para la Dirección de Migración y Extranjería, por su condición irregular, esta persona no debería trabajar en el país, priva -como debe ser- el derecho humano a la salud, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. ¿Cómo lograr esta armonización entre deberes y derechos? Finalmente, creo necesario reflexionar sobre un ámbito al que esta nueva ley afecta directa y sensiblemente: nuestros hogares y el cuido de personas dependientes. Un trabajo que es contratado mayoritariamente a mujeres, un tercio de las cuales es de origen nicaragüense, quienes se insertan en una actividad que ya de por sí enfrenta serios problemas de respeto a los derechos laborales. Esta vulnerabilidad aumenta en el caso de ser inmigrante, indocumentada y proveniente de un país en el que el ejercicio de su ciudadanía es más débil. En el seno de los hogares, ahí donde incluso les es imposible entrar a los inspectores del Ministerio de Trabajo, en muchos casos se violan los derechos laborales de estas trabajadoras, ticas y nicas. Una orientación meramente represiva puede hacer todavía más desfavorables las condiciones de las empleadas domésticas nicaragüenses, incluyendo las referidas al acceso a un mercado laboral que hoy tiene amenaza de sanciones directas con la nueva ley. A menos que la rigidez sea producto de otros motivos. En todo caso, habrá que ver a cuántos hogares costarricenses se les impondrá esas sanciones. El reto de la gobernabilidad de la migración requiere una política integral, y eso todavía no está presente entre nosotros.
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