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EDITORIALPrevención y fuertes sanciones En los primeros días del 2006, ya se han documentado cinco muertes en las carreteras por licor y exceso de velocidadLa política de sanciones debe ser más vigorosa e integral, comenzando por las transgresiones en los centros urbanos Si fuesen ciertas las llamadas pintas -popularmente, una especie de anticipo del año a partir de lo que ocurre en los primeros doce días de enero-, los accidentes de tránsito estarán a la orden del día en el 2006 ya que, en estas primeras horas, se han documentado ya cinco muertes en las carreteras. Las causas principales de esta guerra no declarada han sido el exceso de velocidad y el licor, dos de los más fieles cortesanos de la muerte en los accidentes de tránsito. Los accidentes mortales en el 2005, en las vías públicas, fueron 278, a los que es preciso agregar los centenares de heridos o lesionados, y el costo correspondiente para el INS: ¢6.000 millones. En este marco de imprudencia y de muerte, al menos despunta una esperanza: la cifra fatal del 2005 ha sido la más baja desde 1998, inferior en 43 decesos a la del 2004. Esto no ha sido obra del azar, sino de los siguientes motivos: la intensificación y la continuidad de los operativos para el control de la velocidad y de los choferes en estado de ebriedad, principalmente en los días más tentadores en ambos sentidos: los viernes y los sábados. Por otra parte, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y las campañas publicitarias sobre las causas de los accidentes de tránsito han contribuido a reducir el número de víctimas. El mismo efecto positivo ha tenido la revisión técnica, que ha ayudado a crear, poco a poco, una nueva cultura o responsabilidad vial, tras muchos años de corruptelas, productivas para sus agentes y nefastas para el país. Si esas causas han surtido buenos efectos, es preciso insistir en ellas en el transcurso del 2006. Es esta una labor paciente e intensa en la que cualquier descuido puede revivir y empeorar los malos hábitos anteriores, habida cuenta del aumento de vehículos, de la incultura vial tan arraigada en nuestro medio, de la irresponsabilidad de los conductores y de la llamada "cultura del guaro", que nos ha acompañado por más de un siglo. Llamamos la atención, en este sentido, sobre dos aspectos básicos: la necesidad de incrementar las sanciones, de tal suerte que se conviertan en un verdadero disuasivo, como ha ocurrido en los países que han logrado reducir el número de accidentes mortales, y la obligación moral del Estado de modificar radicalmente su política -si es que ha tenido alguna- sobre el consumo patológico de licor. Resulta paradójico y cínico que el mismo Estado que produce y expende licor a cantaradas, permanezca indiferente ante esta patología social y denuncie el consumo de licor como una de las causas principales de los accidentes de tránsito. Debemos reparar en que apenas estamos dando los primeros pasos en la lucha contra los accidentes de tránsito y que espera, a nuestras autoridades, una larga e intensa faena en este sentido. Hemos hecho hincapié, por ello, en editoriales pasados, en la urgencia de aplicar lo que otros países han logrado con tanto éxito: una política de sanciones integral e implacable, en la que deben participar también las autoridades judiciales. Las normas vigentes en esta materia siguen siendo en extremo complacientes, y su aplicación, poco ejemplarizante. Reiteramos el concepto de integralidad por cuanto deben combatirse también las faltas aparentemente leves, tan arraigadas en nuestra incultura vial, que son las que alimentan, por su impunidad, la irresponsabilidad social y debilitan los esfuerzos de las autoridades de tránsito. La conducción en las ciudades principales sobreabunda en transgresiones de este tipo, hasta el punto de que la Sala Cuarta obligó recientemente a impedir y sancionar el estacionamiento de vehículos en las aceras o de autobuses en las vías públicas. Si la Sala Cuarta se ve obligada a dictar sentencia sobre algo tan elemental y cotidiano, es porque sigue imperando la ley de la selva. Que el 2006 sea el año de un viraje radical en este campo minado contra la vida y la salud de los habitantes.
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