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Foto Principal: 1462189
Esta es la garantía presentada el 21 de noviembre pasado por la firma Alcatel, por la suma de ¢4.487 millones, ante un juez penal en San José.

$8,7 millones

Alcatel depositó garantía por eventual daño civil


Ernesto Rivera
erivera@nacion.com

La firma francesa Alcatel CIT S. A. depositó una garantía bancaria por ¢4.487 millones ($8,7 millones) para librarse de un embargo preventivo que gestionó la Procuraduría General de la República (PGR) el 23 de diciembre del año pasado.

El embargo a esa empresa lo gestionó la Procuraduría –órgano que funge como abogado del Estado– para cubrir los intereses del Estado en el eventual daño civil causado por los premios y comisiones pagados con dinero proveniente de Alcatel a políticos y funcionarios del ICE ligados al escándalo con la compra de la red celular de 400.000 líneas del tipo GSM.

El resarcimiento económico al Estado dependerá del resultado del proceso judicial 04-6835-647 -PE.

El caso lo investiga la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios por los delitos de cohecho y otros, en los que figuran como ofendidos el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la función pública.

Garantía bancaria. Para responder ante una eventual condena judicial, Alcatel CIT depositó una fianza en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

El escrito de presentación de la garantía bancaria fue suscrito el 21 de noviembre por el abogado Alejandro Batalla, apoderado especial en Costa Rica de Alcatel CIT.

Se trata de una garantía de cumplimiento expedida por el Banco Interfín S. A. a favor del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial.

En el escrito, Batalla solicita que se liberen de embargo todas las cuentas bancarias de la empresa de telecomunicaciones, así como las cajas de seguridad y las inversiones en puestos de bolsa.

Además, pide que se libre del embargo cualquier suma de dinero que el ICE deba pagar a Alcatel CIT S. A. por los contratos que la firma de telecomunicaciones suscribió con esa institución.

Precisamente, en febrero del 2005, la Procuraduría debió depositar $4,5 millones en el Juzgado Penal de Hacienda, para cubrir daños y perjuicios en caso de que, en el juicio, no prospere una condena contra los involucrados en este escándalo.

El comienzo

Setiembre de 2005. Una investigación de La Nación reveló que la esposa del exdirectivo del ICE, José A. Lobo, recibió $2,4 millones provenientes de Alcatel y que otro exdirectivo del ICE, Joaquín A. Fernández Alfaro, recibió $1,2 millones. El dinero se giró de una cuenta de Servicios Notariales Q. C. en las islas Bahamas.

Setiembre 2005. Lobo declaró a la Fiscalía que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez le pidió el 60% del “premio” de Alcatel. Rodríguez admitió que recibió $140.000 de Lobo y alegó que fue un préstamo personal.

Octubre 2005. Se reveló el pago de “premios” y por asesorías a otros políticos y funcionarios.

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