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Leyes y corrupción Los múltiples despropósitos de la nueva Ley de Tránsito incluyen más corrupción corrupciónRigoberto Stewart inlapp@racsa.co.cr Economista Durante su vida, cada persona se encontrará en situaciones de indefensión ante otros más fuertes, quizás bien armados, dispuestos a violar alguno de sus derechos humanos más básicos, como el derecho a la integridad física o a disponer de sus bienes materiales. En estas circunstancias, lo racional es tratar de minimizar los costos. Por ejemplo, una mujer que está a punto de ser violada por un hombre armado puede optar por ofrecerle dinero a cambio de que no la viole si, para ella, ese costo es menor. Claro, no faltará quien la acuse de corruptora. Ley de ayuno. Supongamos que a un grupo de perplejos diputados se les ocurra proponer una ley que prohíba a toda la población ingerir alimentos los miércoles –pues así se rebaja la cintura y disminuye la diabetes en Costa Rica– y que, al hacer la propuesta, sus compañeros de todas las bancadas se comporten como lo hacían los miembros de cada familia en Family Feud, cuando alguno de ellos daba la respuesta más estúpida ante una pregunta del anfitrión: aplauden y gritan: “Buena respuesta, buena respuesta”. Se aprueba, y el Ejecutivo nombra a miles de policías del ayuno (poliyunos), cuya función es velar por que se cumpla la ley. No hay que ser brujo para anticipar lo que pasaría. Acostumbrados al salchichón, los poliyunos serían los primeros en violar la ley. Y se engordarían como nunca, pues los demás les ofrecerían salchichón como mordida para que los dejen comer. Pregunta: ¿quién sería el más corrupto: el ciudadano común, el poliyuno o los idiotas que aprobaron la ley? Ley de Tránsito. El gobierno impulsa un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, aduciendo que “una normativa vial más drástica es necesaria para reducir las víctimas mortales en las carreteras”. Entre otras sanciones, el proyecto contempla una multa de ¢364.000 por rebasar en curva en una ruta de dos carriles (hoy son ¢26.000), y suspensión de la licencia por dos años; y otra de ¢234.000 para quienes irrespeten la luz roja de un semáforo (hoy son ¢13.000). Entre los múltiples despropósitos de esta infeliz iniciativa está el incremento de la corrupción. Cada vez que un individuo se encuentre ante la disyuntiva de pagar una multa de ¢364.000 al Conavi días después o pagar ¢10.000 en el sitio y olvidarse del asunto, optará, racionalmente, por lo segundo. Por otra parte, los policías tendrán un estímulo para ir a la caza de “infractores” y cobrar las multas in situ. Todo esto irá indiscutiblemente en desmedro de la fibra moral de la sociedad. Educación. Además de atacar las causas que son responsabilidad directa del Gobierno (insuficiencia de vías y su pésimo diseño y mal estado), la mejor forma de encarar el problema es con mucha educación. Pero los autoritarios gobernantes latinoamericanos, consumidos por una sed de sangre, adoran el castigo y desdeñan la educación. En “¿Cuál es más de culpar?” (La Nación, 17/11/06), don Óscar Arias indicó que la forma más elemental de combatir la corrupción es “la creación de una cultura cívica, capaz de inculcar en los individuos el respeto a la ley, la convicción de que sin normas no es posible la vida social…”. Estamos de acuerdo, mas tenemos un gran “pero”. Para que el individuo respete la ley, la ley debe respetar al individuo; es decir, debe respetar y procurar el respeto de sus derechos individuales. Y aquí es donde tenemos serios problemas. En estas mismas páginas escribí: “Las reglas del juego o de convivencia son el espejo del alma de cualquier grupo humano. Una sociedad incapaz de crear reglas decentes, independientemente del comportamiento posterior, es una sociedad enferma, con poca capacidad para progresar” (La Nación, 10/10/04). Es una sociedad corrupta. De ahí la forma más elemental de combatir la corrupción: crear una cultura capaz de inculcar en los individuos el valor del ser humano, el respeto a los derechos humanos de los demás. Con esta cultura, la actitud generalizada mejoraría y los legisladores o gobernantes no harían leyes que imposibiliten la vida en sociedad o la corrompan. Todo aspirante a político (el 110% de la población) debería leer unas 500 veces La ley, de Frédéric Bastiat.
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