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EDITORIALSeguridad comunitaria Los Gobiernos no han aplicado aún, en toda su amplitud, esta formidable estrategia contra la delincuenciaEl modelo de Policía comunitaria y de coordinación con la gente ha sido fructífero en muchos países El Ministerio de Seguridad Pública, diversas entidades financieras públicas y privadas, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de San Carlos constituyeron un frente común para prevenir la delincuencia y hacer de esta ciudad la más segura del país. Así reza la introducción de nuestra información del miércoles pasado sobre esta cuestión capital de nuestro país. La iniciativa se denomina Plan de seguridad ciudadana, financiera y comercial. La información respectiva, de nuestro corresponsal Carlos Hernández, desarrolla las diversas etapas del plan. En síntesis, San Carlos ha hecho lo que todo pueblo o comunidad debe hacer: no tener miedo y participar en el combate contra la inseguridad. Desde la perspectiva de la participación y de la solidaridad, falta un elemento importante en la estrategia sancarleña. La lucha contra la delincuencia no solo debe ceñirse a los comercios y las empresas, sino a toda la comunidad, en particular, a las familias. Una comunidad es un conjunto. Y no se trata solo de equipo, que es imprescindible, sino de formación ciudadana, personal y familiar. Estamos frente a un enemigo feroz y no podemos combatirlo sino en forma integral y comunitaria, en una estrecha relación entre el Estado y los habitantes. La seguridad es función intransferible del Estado, pero, como se ha dicho, es cosa de todos. La percepción de inseguridad constituye, tal como lo indican todas las encuestas, la preocupación principal de la gente, ahora más que el costo de la vida. Esta percepción encuentra asidero en la realidad y en la experiencia personal, familiar o de vecindario de las personas. La información entre las personas, tema corriente de conversación, sobrepasa, cualitativa y cuantitativamente, las informaciones de la prensa, y los actos delictivos superan, por su parte, las denuncias ante las autoridades judiciales o administrativas. Por otra parte, tal como nos lo muestran los hechos, la eficacia de los delincuentes y la superioridad técnica de sus recursos dejan rezagadas a las autoridades, víctimas, a la vez, de un enemigo interno: la inoperancia clásica del Estado en este campo, los prejuicios imperantes, la exigüidad de recursos económicos, técnicos y de personal, y la falta de solidaridad de las personas. La gente, en términos generales, le exige al Estado todo, en resguardo de bienes e individuos, pero la colaboración es escasa o nula. Muestras evidentes de esta actitud son la imprevisión, la negligencia, la imprudencia y, con frecuencia, la inobservancia de principios y normas elementales en su propia seguridad o en la de la familia y, con más razón, en la comunidad. Inteligencia y voluntad, armas de la gente para sobrevivir. Ante el acoso despiadado de la delincuencia, tenemos algunos caminos: ponerlo todo en manos del Estado, como si fuera una divinidad todopoderosa, a sabiendas de que, por esta vía, un pueblo se queda, a la postre, sin seguridad y sin Estado. Un Estado abrumado e incompetente claudica en sus funciones básicas. Otro procedimiento es la privatización de la seguridad o de sus tareas básicas, como ha ocurrido en algunos países, cuyo desenlace es la anarquía y el quebranto de los derechos humanos. La democracia, por el contrario, y el Estado de derecho solo tienen a mano, en la lucha contra la delincuencia, las armas de la ley, en salvaguardia de los derechos de los ciudadanos, y la eficacia de su actuación. Esta vía, con todo, resulta insuficiente sin el concurso, vigilante, perseverante y solidario, de la gente. En conclusión, nuestro combate contra la inseguridad de bienes y personas depende, básicamente, del binomio, en su orden, del Estado y de la solidaridad de los habitantes, no teórica o retórica, sino real y permanente. En este orden de cosas, el liderazgo del Gobierno es fundamental. A la luz de estas consideraciones, la estrategia diseñada en San Carlos, ya comentada, no solo debe ser motivo de reconocimiento, sino de imitación. Lamentablemente, la estrategia de la seguridad comunitaria, puesta en práctica con éxito en otros países, como en Japón, aún no ha calado hondo en nuestra sociedad. Conviene que el Gobierno la aplique no como mero pasatiempo, según ha ocurrido en otros años, sino como objetivo primordial del Estado. La inteligencia y la voluntad de los ciudadanos son las más eficaces armas de supervivencia personal y social. Es preciso explotarlas en toda su intensidad.
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