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Foto Principal: 1461543
En computadoras como esta opera el Sistema Integrado de Administración de Seguros, comprado por el INS en la administración Figueres.
Archivo.
Sistema de cómputo resultó un 104% más caro

INS dejó impunes a responsables de millonaria pérdida

Equipo costó ¢3.800 millones y aún presenta problemas
Contraloría reprende a auditor por permitir que caso quedara impune

Hazel Feigenblatt
hfeigenblatt@nacion.com

El Instituto Nacional de Seguros (INS) dejó impunes a los responsables de que un sistema de cómputo, que costó ¢3.800 millones, no funcionara según lo esperado.

Informes de la Contraloría y la Auditoría Interna del INS, determinaron que el contrato se manejó de manera anómala; sin embargo, los procesos internos para identificar a los responsables fueron cerrados.

Sin registros

El INS no llevó un registro de lo que le costó arreglar los errores del sistema SIAS

Aunque se señalaron a al menos cinco personas cuya actuación debe investigarse, el INS archivó los procesos en el 2005 y el auditor, Leonel Fernández, se dio por satisfecho.

Ello provocó, en enero pasado, una reprimenda de la Contraloría. Esta consideró “preocupante” la actuación del auditor y le advirtió que podría incurrir en responsabilidades legales por un “manejo inadecuado” del caso.

Fernández justificó que la Administración actuó “conforme los medios que tenía a su disposición”, pero acató la orden del ente contralor. Este instruyó reiniciar la búsqueda de responsables, por lo que el INS contrató una firma de auditores externos y valora acudir a la vía legal.

La mayoría de los funcionarios cuestionados ya no labora en el INS porque renunciaron para obtener el beneficio de prestaciones y, el sistema de cómputo, pese a que se pagó un exceso de 104% a lo largo de seis años, continúa requiriendo ajustes.

Foto Flotante: 1461544
Guillermo Constenla dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias. Detrás suyo, el auditor del Instituto de Seguros, Leonel Fernández.
archivo

Sin calcular. Las pérdidas del INS en la instalación del Sistema Integrado de Administración de Seguros (SIAS) no han sido estimadas, pues no se llevaron registros del costo que tuvo corregir errores y hacer ajustes, pero en el INS se habla de millones.

La contratación empezó en 1995, cuando el INS buscaba un sistema integrado de administración de seguros.

Este debía permitirle a la institución manejar en el mismo sistema todos los seguros de cada usuario, procesar pólizas, gestionar las cuentas por cobrar o pagar y atender consultas de servicio al cliente.

Desde el arranque. De acuerdo con un informe de auditoría, los problemas se iniciaron poco después de la contratación y, para el 2002, el sistema ya era “obsoleto” y requería de “oxígeno” (hacerle mejoras).

Tenía problemas de confiabilidad de la información, provocó contabilizaciones dobles e incluso facilitó que se rehabilitaran pólizas canceladas, sin verificarlas.

Los errores y fallas del sistema se deben a “serias y graves omisiones” en la administración del proyecto y el control de calidad de los productos recibidos.

Según el informe, funcionarios del INS sabían que el sistema no estaba completo, pero permitieron que empezara a trabajar sin cumplir con “requerimientos indispensables” para administrar “todos los aspectos de los seguros”.

En 1996, estaba claro que el sistema que se estaba instalando no tenía lo necesario y que provocaría más costos en el futuro.

El informe de auditoría señala que ese era “el momento idóneo” para rescindir el contrato, pero no solo no se tomó esa medida sino que, además, se informó a la directiva que “todo marchaba bien para los intereses de la institución”.

El resultado: atrasos y mayores costos, autorizados “con carácter de urgencia”.

No hay registros. El auditor, Leonel Fernández, justificó que los procesos contra los exfuncionarios fueran cerrados. Según explicó, para que el INS pueda tomar acciones legales civiles o penales, debe cuantificar el perjuicio económico que cada exfuncionario habría causado.

Pero, como los funcionarios nunca hicieron registros de cuánto tuvo que invertir el INS en reparar los errores, ese cálculo no se ha realizado.

Fernández dijo que la labor de calcular el perjuicio económico no le corresponde a su oficina, mientras que la Dirección Financiera “no contó con información fundamental para realizarla.

Por ejemplo, la Dirección de Seguros Generales concluyó en el 2005: “Por la cantidad de errores, resulta realmente imposible cuantificar el impacto financiero presentado en la atención de errores, tiempos de reprocesos, restauraciones y retrasos, etc. ya que nunca se llevaron registros”.

La Dirección de Informática externó un criterio similar. Actualmente, tras la inversión de millonarios recursos, el INS planea sustituir el SIAS por otro sistema.

Instituto demandaría a exfuncionarios

Investigación

El INS podría demandar a los responsables de múltiples anomalías en la instalación de un sistema de cómputo que costó ¢3.800 millones, informó el presidente ejecutivo de la entidad, Guillermo Constenla.

En el 2005, el INS cerró los procesos administrativos contra cinco personas, la mayoría de las cuales ya no labora en la institución porque se acogió al pago temprano de las prestaciones, y no emprendió ninguna acción legal en su contra.

La justificación fue que en el INS no existen registros que permitan cuantificar el daño económico que las acciones u omisiones de los supuestos responsables habrían causado. Determinar ese monto es necesario para acudir a la vía legal, pues es la única por la que se puede procesar a un exfuncionario.

A principios de este año, la Contraloría cuestionó lo actuado por el INS y por la Auditoría Interna y ordenó reiniciar la investigación de forma inmediata.

Constenla explicó a La Nación que la junta directiva acató la orden y contrató a una firma de auditores externos.

Esta debe identificar las anomalías ocurridas con el sistema de cómputo, señalar a los posibles responsables y determinar el perjuicio económico que cada uno de estos habría causado al Instituto.

Este mes, los auditores externos presentaron un primer informe que confirma las anomalías y señala posibles responsables, pero está pendiente el informe relacionado con el perjuicio económico individualizado. Constenla espera que sea entregado en febrero próximo.

El jerarca explicó que la auditoría externa fue contratada precisamente para hacer esa estimación y afirmó que se va a llegar “hasta el último extremo” con los responsables.

Por ahora, el informe inicial de los auditores externos está siendo evaluado por una comisión especial, que lo trasladará a la presidencia ejecutiva y la junta directiva. Esta será la que decida si demanda a algún exfuncionario del INS.

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