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Inequidad social Diferencias entre los esquema de vacunas de los sectores privado y públicoLisbeth Quesada Tristán Defensora de los Habitantes de la República Los niños son el presente y el futuro de la patria. Por ello, además de una buena educación, se les debe ofrecer un sistema de salud que atienda, pronta y adecuadamente, sus necesidades dándoles, junto con otras opciones, un esquema de vacunación actualizado, con todas las vacunas que hayan sido aprobadas por las diferentes entidades regulatorias mundiales, previa demostración de su efectividad y seguridad. Este es un mandato no solo ético y moral, sino también legal, al estar incorporado dentro del Código de la Niñez. Desgraciadamente hoy, en Costa Rica, existe una inmensa brecha entre el esquema de vacunas que reciben las y los niños en el sector privado y el que se aplica en el sector público. Lo más lamentable es que estudios epidemiológicos llevados a cabo en todo el mundo indican, claramente, que la incidencia de enfermedades prevenibles por la vacunación está relacionada con el estrato social de la niñez. En otras palabras, debido a los problemas de hacinamiento, sanitarios y, en algunos casos, acceso tardío a centros de salud, la mortalidad infantil es mucho más alta en estratos económicamente bajos que en aquellos con mejores recursos económicos. Brecha creciente. En la actualidad, Costa Rica vive inequidad social respecto al esquema de vacunación privado y el público. Por desgracia, los niños y niñas que actualmente acuden a aplicarse sus vacunas en el sector público no reciben el beneficio de la vacuna contra la hepatitis A –causa más frecuente de muerte por hepatitis fulminante–, no reciben la vacuna contra el neumococo –germen que más frecuentemente produce meningitis, neumonía, otitis y sinusitis– y, todavía, pese a los intentos del Ministerio de Salud, no se vacunan contra la varicela. Lamentablemente, esta brecha se va a ensanchar en el 2007, cuando Costa Rica incorpore, en el sector privado, la vacuna contra el virus que más frecuentemente causa diarrea, deshidratación y muerte: el rotavirus – incorporada ya en varios países de Latinoamérica–; y la vacuna contra el cáncer de cervix, ambas ya aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Nos parece fundamental que el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Salud, busque los recursos económicos inmediatos, dirigidos a equiparar los programas de vacunación privado y público. Es inaceptable, y riñe con la ética, la moral y la política de salud del país, que las personas de menores recursos mueran por infecciones causadas por el neumococo, por una hepatitis A fulminante, por una diarrea por rotavirus o porque, dentro de varios años, algunas adolescentes de hoy desarrollen un cáncer de cerviz en su vida adulta. Apropiado sería que dentro de las políticas del Instituto Costarricense contra el Cáncer, respondiendo precisamente a la labor de prevención que le señala la ley, financie la vacuna contra el cáncer de cérvix como una forma de prevenir este tipo de neoplasia. Males prevenibles. Todas estas enfermedades son, en la actualidad, prevenibles por medio de la vacunación, por lo que la Defensoría de los Habitantes considera que constituye un deber ético y moral que las autoridades de salud incorporen todas estas vacunas dentro del esquema público de vacunación. En ese mismo sentido, la Asociación Costarricense de Pediatría publicó su posición en el Acta Medica Costarricense (AMC 2006; 48:204-207). Por ello, instamos vehementemente a los rectores del sector salud a hacer lo necesario para disminuir esta brecha en el esquema de vacunación nacional, con la finalidad de garantizar a toda la población infantil, independientemente de su condición social, un esquema de vacunación adecuado. La dilación en la adopción de las presentes medidas nos hace cómplices inevitables de los acontecimientos venideros.
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