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EDITORIALCarencia de médicos especialistas El interés público y el principio de seguridad social exigen que, sin dilación, se resuelva este problemaNo es moral ni coherente con los derechos humanos rehuir una solución por prejuicios o por indiferencia Uno de los desafíos más sensibles y preocupantes para la salud y, por ello, para las autoridades correspondientes en la CCSS y en el Ministerio de Salud es el déficit de médicos actualmente y, en mayor grado, en los próximos años. No se previó, como en otras funciones básicas del Estado, y si se realizaron las estimaciones pertinentes, no se actuó oportunamente. Ahora, el reto se ha agigantado por el déficit acumulado y por la creciente demanda en el futuro. Esta es la cuestión teórica. Sin embargo, el problema más acuciante y sorprendente es que no ha habido razón alguna para que esta situación se presentara o tomara desprevenidas a las autoridades de salud. Esta percepción se refuerza con la publicación del 21 de diciembre pasado de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) que conviene leer sin prejuicios pues, al parecer, han sido estos el mayor obstáculo para que, existiendo los recursos académicos, técnicos y financieros respectivos, no se haya encontrado una solución razonable. Razonable, en este caso, quiere decir adecuar la razón a la realidad social, esto es, sobreponer los derechos e intereses legítimos de las personas, de los habitantes, a cualquier otra consideración, sea esta de orden político, ideológico o de lucro. Resaltamos dos aspectos dignos de méritos en la publicación dicha: la realidad de la carencia de médicos especialistas en Costa Rica y la razonabilidad de sus propuestas. No hay motivo alguno para rechazarlas a priori, siendo, como son, un ofrecimiento concreto de estudio y de posible solución del problema. Desde este punto de vista, conviene tomar nota de algunas reflexiones importantes en dicha publicación. En primer lugar, el hecho cierto de que, desde el 2002, la seguridad social podría sufrir menoscabo por la carencia de especialistas en medicina. En segundo lugar, la firma, en el 2003, de un convenio entre esta universidad y la CCSS para formar especialistas, rescindido, luego de formar al primero grupo de profesionales, por las autoridades de la CCSS, a raíz de los actos de corrupción denunciados entre esta entidad y una empresa privada. En tercer lugar, la presentación, hace cinco meses, a las actuales autoridades de la CCSS y del Ministerio de Salud de un plan de colaboración para formar especialistas, que, al parecer, no ha recibido la atención debida. En síntesis, urge formar profesionales en Medicina y Farmacia. Es una cuestión de eminente interés público, en consonancia con el principio de solidaridad y el imperativo de la seguridad social. Conviene, entonces, aprovechar la iniciativa de una universidad privada o de cualquiera otra para atacar este problema con sentido de bien común, objetividad y visión de futuro. Se impone, por lo tanto, una amplia discusión sobre la materia y, sobre todo, actuar de seguido. Este planteamiento encaja en el derecho humano a la salud, cuya satisfacción constituye un preciado lauro de nuestro país, y forma parte, en esta hora crucial de reformas, que no podemos rehusar, de la agenda social. En esta agenda la salud y la educación constituyen los dos grandes desafíos del país. El acierto en este campo está sujeto a la eliminación radical, desde el principio, de toda solución contaminada de prejuicios ideológicos, políticos o personales, que tanto daño están causando a nuestro país. Es inmoral, ilegal y contrario a los derechos humanos entorpecer la solución de un problema humano por intereses ajenos a esta cuestión fundamental. Nos parece que el plan estratégico de la CCSS, que con tanto entusiasmo acogimos y exaltamos, se inspira en estos principios.
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