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Una posición injusta Las cotizaciones de los maestros se han tomado para programas del GobiernoLuis G. Fernández Valverde Asesor Actuarial, Jupema* *Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional En el editorial del 11 de diciembre, La Nación hace su análisis fundamentado en un estudio del señor Juan Diego Trejos, titulado “¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica?”; el señor Trejos destaca que el costo en pensiones, tanto las que paga Hacienda como las que paga la CCSS, favorece a hogares de mayor ingreso; además, muy acertadamente, refiere que este fenómeno se da porque las personas que cotizan para tales regímenes se encuentran en una situación de empleo formal y que su nivel educativo está por encima del resto de la población, que por razones estructurales se encuentra desprotegida. También señala en su informe que en algunos regímenes no se crearon los fondos previsionales, pilar donde descansa el pago futuro de las pensiones. Alejada de la objetividad del estudio, La Nación lo utiliza para recomendar que hay que derogar y fundir con el de la CCSS, los regímenes que ellos llaman especiales; desde luego que se estima que tal aseveración difícilmente se puede desprender únicamente del estudio, pues sería desconocer la realidad histórica que ha envuelto a tales regímenes. Es importante recordar que los regímenes llamados especiales, se cerraron cuando se publicó la Ley Marco de Pensiones 7302 en 1992. Esta ley obligó a que los trabajadores se trasladaran para el de la Caja; también, en el caso del Magisterio Nacional, la ley cerró el anterior régimen y se estableció el nuevo, llamado Régimen de Capitalización Colectiva o RCC, que es supervisado y regulado por la Supen, y que hoy se encuentra actuarialmente equilibrado. Principio equitativo. Sobre el régimen cerrado del Magisterio Nacional, es importante mencionar que la actual pensión promedio es de ¢335.228, que, si observamos que la cotización para dicho régimen es de un 10% al 16% del salario y de la pensión, con una cotización de 30 años, en términos actuariales, un trabajador podría obtener una pensión vitalicia que represente el 85% del salario promedio del último año, aquí se cumple el principio equitativo de la seguridad social: cuanto mayor sea el esfuerzo contributivo, tanto más debe ser el beneficio a recibir. En el editorial se quiere desconocer tal esfuerzo contributivo, pues su propuesta se aleja de la justicia y equidad, no es culpa de los maestros que sus cotizaciones durante casi 50 años se hayan tomado para atender programas de Gobierno, y no se hayan creado los fondos previsionales para el pago de las actuales pensiones en curso; si dichos fondos se hubiesen creado, desde que apareció el régimen del Magisterio Nacional, en la actualidad habría una cantidad de recursos de unos ¢3 billones. Al menos con la creación del nuevo régimen, los trabajadores tienen garantizado el pago de sus pensiones; por ello no entendemos la posición de La Nación. Parece que la actitud que están tomando es antidemocrática e injusta, ya que el nuevo régimen es el único en Latinoamérica que se encuentra actuarialmente estable por el esfuerzo que han realizado los maestros al contar con una cotización muy superior a la que realizan los demás trabajadores para el régimen de la Caja.
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