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EDITORIALCiclón institucional El caos informático en el INS, por cinco años, interpela a quienes se oponen a todo proceso de reforma seria del EstadoCualquier diagnóstico sobre las instituciones públicas pone al descubierto fallas impresionantes Las fallas e incumplimientos denunciados por la Contraloría General de la República en la adquisición y funcionamiento del equipo de cómputo, del 2001 en adelante, para el sistema contable del INS son de tal magnitud que exigen un nuevo comentario sobre algunos aspectos específicos señalados por la Contraloría. Corresponde ahora, a la nueva administración del INS, desandar lo andado que, como se sabe, suele ser más complejo que echar a andar sin los tropiezos sufridos. El equipo costó inicialmente $12 millones. En otras instituciones se ha incurrido, como señalamos ayer, en parecidos desatinos, algunos con retoques de comicidad. Sin embargo, dadas la naturaleza e importancia del INS, así como el volumen de sus operaciones y su proyección en el número de asegurados, no se conciben errores de tanto bulto y, mucho menos, el transcurso de tantos años sin que se hubiera podido poner coto a este desbarajuste. Teniendo a mano a tantos profesionales y especialistas en la materia en nuestro país y en el exterior, estos traspiés y esta lentitud no tienen justificación alguna. Se repite la historia: la comisión de actos ilícitos, como se ha demostrado, vulnera principios éticos y legales básicos, pero, en no pocas ocasiones, la eficiencia y la eficacia son maravillosas. Tal como informamos el sábado anterior, en el reportaje de la periodista Vanessa Loaiza, basado en un estudio de la Contraloría, en cinco años el INS no ha podido digitalizar la operación de cajas y recaudación, pues el equipo adquirido resulta incompatible con los programas actuales. Igual padecimiento sufre la actualización de las pólizas activas. Eso sí, el sistema ha contabilizado ingresos por concepto de pólizas caducas. Esto es, hace lo que no tiene que hacer. En el 2001, se reportaron ¢1.194 millones en exceso, al sobredimensionar los ingresos esperados. En buen romance, falló. El INS naufraga, entonces, entre programas de cómputo incompatibles entre sí y en los últimos no ha podido precisar si ya están desactualizados. De acuerdo con la metáfora del naufragio, esto quiere decir que, al partir el buque con los pasajeros, no sabe si se dirige al norte o al sur, y si llegarán a puerto. Todo esto ocurre en una institución que, por su naturaleza, es experta en seguridad y en brindar seguridad. Ese es su negocio. En consecuencia, debería ser un paradigma de eficiencia. El INS está expuesto, entonces, a cualquier riesgo, como la pérdida de información vital de las pólizas y de otros ingresos. En el 2001, se contrató a una empresa española para instalar un sistema de cajas y recaudación. Sin embargo, luego de tres años de intentos para enlazar el programa con el Sistema Integrado Financiero y Administrativo (SIFA), protagonista de este cuento, el esfuerzo resultó vano por cuanto el INS se enredó en las interfases y no cumplió. Por estos atrasos, la facturación de proveedores, por ejemplo, se hace en forma manual, como en los viejos tiempos. Es explicable, entonces, que la renovación de las licencias llegó a tardar hasta nueve meses, una marca mundial. Por razones de espacio, no especificamos otras andanzas y sorpresas del SIFA. Sin embargo, un mínimo esfuerzo lógico y de imaginación puede completar las omisiones y hasta los riesgos. En fin, la reforma del Estado constituye un imperativo vital. Su urgencia queda estampada en numerosos reportajes publicados por La Nación en estos años, que han documentado y descrito el ciclón de incompetencia que pasó por las instituciones públicas en las dos últimas administraciones.
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