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‘Paras’ cuentan su verdad sobre la guerra en Colombia Jefe paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, inició su confesión Se esperan detalles sobre nexos políticos y militares con la ultraderechaBogotá. AFP. El principal jefe paramilitar desmovilizado en Colombia, Salvatore Mancuso, comenzó ayer su confesión ante un fiscal en la que se espera responda por más de 4.600 crímenes que se le atribuyen y detalle los nexos de empresarios, políticos y militares con la ultraderecha. Mancuso es el primero de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que testifica dentro del proceso de sometimiento de unos 2.700 exparamilitares a la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico del desarme de 31.000 combatientes pactado con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Vínculos. La declaración despierta especial interés por las posibles revelaciones sobre vínculos entre los paramilitares y la dirigencia colombiana, en un escándalo que tiene en la cárcel a tres legisladores del oficialismo, mientras que otros seis son investigados. El exjefe supremo de las AUC presentó versión libre en el Palacio de Justicia de Medellín (noroeste). Allí llegó fuertemente custodiado desde la cárcel de Itagüí, donde otros 58 excomandantes aguardan el inicio de sus procesos de confesión. Familiares de víctimas y activistas de derechos humanos lo recibieron en la entrada del edificio con pancartas, fotografías y arengas que exigían “verdad, justicia y reparación”. Algunos vieron la diligencia por circuito cerrado. “Hemos registrado un gran temor por parte de muchas víctimas, les preocupa que su presencia aquí genere venganzas”, dijo Iván Cepeda, representante de un colectivo de víctimas de crímenes de Estado. El fiscal general Mario Iguarán, quien acudió a tomar el testimonio de Mancuso, dijo que los crímenes cometidos por paramilitares han sido más numerosos que los atribuidos al régimen del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet. “Son centenares de hallazgos de fosas, más fosas de las que se encontraron en Chile por la dictadura de Pinochet” (1973-1990), señaló. Salvatore Mancuso, un rico hacendado de origen italiano, enfrenta medio centenar de procesos por los asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y despojo de tierras por los que recibiría una pena alternativa de cinco a ocho años de cárcel si confiesa y repara económicamente a las víctimas. Dicho beneficio también anularía la condena de 40 años de cárcel que recibió en ausencia por la masacre de 15 civiles en octubre de 1997 en Ituango (noroeste), un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar indemnizaciones por 1,5 millones de dólares. Además, el gobierno colombiano le ha garantizado que no será extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico. El fin de semana unos 10.000 hacendados y comerciantes del norte del país confesaron haber financiado a las AUC, acusadas de un total de 9.000 homicidios, la mayoría civiles, en un proyecto que incluyó la infiltración de entidades públicas. “Su propósito es rendirle culto a la verdad, hablar de la génesis y evolución de las AUC, de todos los fenómenos que acompañaron el proceso de las Autodefensas en cerca de 23 años” de lucha contra las guerrillas de izquierda, señaló Ernesto Báez, portavoz de los exparamilitares. Mancuso se desmovilizó en diciembre de 2004 al frente de un comando que operó en una región fronteriza con Venezuela a partir de 1999, librando una guerra con las guerrillas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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