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Foto Principal: 1450704
Esta es parte de la pista de motocrós Las Lagunas, en Daniel Flores de Pérez Zeledón.
Juan Diego Jara para LN
Instituto Agrario dio propiedad a club de motociclismo

Parcela destinada a campesinos terminó en pista de motocrós

IDA alegó que finca no era apta para agro; Contraloría ordena recuperarla
Asociación deportiva dice que la tierra no puede tener un mejor uso

Esteban Oviedoy Juan Diego Jara
eoviedo@nacion.com

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), entidad pública encargada de distribuir tierras entre los campesinos pobres, entregó dos de sus parcelas a un club privado de motocrós en el cantón de Pérez Zeledón.

Las propiedades fueron adjudicadas a la Asociación Sureña de Motociclismo (Asumoto) en 1993, aunque el propio departamento Legal del IDA advirtió que esa organización no calificaba para recibir tierras destinadas a personas con vocación agrícola.

Hoy existe allí una pista de motocrós llamada Las Lagunas, en la comunidad de Daniel Flores.

de alcoa

Las tierras dadas al club de motocrós antes eran de la empresa industrial del aluminio Alcoa

Las dos fincas eran parte de los bienes que la empresa estadounidense Alcoa tenía en Costa Rica para desarrollar una industria de aluminio en Pérez Zeledón.

Estas tierras pasaron a manos del Estado en agosto de 1976, luego del rompimiento del contrato entre el Gobierno y Alcoa.

Las propiedades quedaron bajo la administración del Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA) a la espera de que se desarrollara otra industria del aluminio.

En un principio, el IDA permitió usar las tierras mediante arrendamientos pues aún existía la expectativa de una explotación minera. Desde 1980 Asumoto fue uno de esos arrendatarios.

Sin embargo, en 1986 la ahora extinta Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) determinó que no todas las tierras tenían potencial geoquímico y se autorizó al IDA a distribuir las tierras entre los campesinos.

Insistencia. Según un informe de la Contraloría General de la República, un año después el área de Selección de Beneficiarios del IDA recomendó a la junta directiva adjudicar las dos parcelas a Asumoto. Ambas abarcan 12 hectáreas.

La recomendación se fundamentó en un criterio del jerarca de la Región Brunca del IDA, Bernal Mora Calvo, quien alegó que las áreas no tenían aptitud agrícola, además de que Alcoa había realizado allí movimientos de tierra. Esa zona tiene una depresión en la que se forma una laguna natural.

La directiva primero avaló la adjudicación, pero en 1988 decidió revocarla al considerar que la Asociación no calificaba como beneficiaria y pidió a la Región Brunca una nueva recomendación.

Dos años después dicha regional insistió en adjudicar las parcelas a Asumoto, aunque el departamento legal del IDA advirtió: “Dada su actividad, carreras de motos, nunca calificaría para ser beneficiario. La posesión que alega la Asociación no tiene asidero legal en terrenos del Instituto, el cual está facultado a adjudicar únicamente a las personas que califiquen”.

Aun así, en 1992 jefes de tres departamentos del IDA dieron el visto bueno a la adjudicación. Ellos fueron Gilberto Rodríguez Soto, de Titulación; Agustín Villalobos Salazar, de Operaciones, y Federico Villalobos Chacón, de Ordenamiento de Tierras.

Así, en 1993 la directiva avaló la adjudicación y otorgó la escritura.

Para la Contraloría, esta adjudicación es improcedente, por lo que ordenó recuperar las tierras e investigar a los responsables.

Marco Vinicio Cordero, presidente del IDA, informó de que la directiva ya ordenó recobrar las tierras y sentar responsabilidades.

Defensa. José Vargas, presidente de Asumoto, sostuvo que lucharán por la propiedad porque tienen la escritura y el plano catastrado. Vargas consideró que a estas tierras no se les puede dar un mejor uso que la del fomento del deporte, como lo hace esa organización.

El jefe de la Región Brunca también insistió en que las parcelas concedidas a Asumoto no tenían utilidad agrícola alguna.

Por su parte, Villalobos Salazar y Villalobos Chacón alegaron que los vistos buenos se dieron con base en recomendaciones regionales. “Difícilmente uno pueda revisar a fulano o sutano, es mera confianza, en donde los funcionarios deben conocer la reglamentación”, dijo el primero de ellos.

Por su lado, Rodríguez alegó que el IDA intentó legalizar una posesión existente desde 1980.

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