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EDITORIAL¡Escándalo nacional! Cuatro de cada diez muertes infantiles, documentadas en los últimos tres años, pudieron evitarseEl deterioro del Estado solidario revela la resistencia de Gobiernos, políticos y gremios a las transformaciones necesarias La información de este periódico del jueves pasado –el 40% de la mortalidad infantil se pudo haber evitado– ratifica punto por punto lo expresado en nuestro editorial sobre el Estado solidario y eficiente del día siguiente. En dicho editorial hacíamos hincapié en los numerosos reportajes de La Nación, en estos años, acerca del deterioro social, extraídos de investigaciones propias, así como de estudios de especialistas en la materia o de informes de diversas instituciones públicas. Nuestra conclusión, reiterada en otros comentarios, es que quienes esgrimen la bandera del Estado solidario para oponerlo al TLC incurren en un grave despropósito y contribuyen, además, a agravar el deterioro social y las condiciones deplorables de las personas y familias sometidas al flagelo de la pobreza. Esto por cuanto no solo rehúyen la presentación de soluciones viables y concretas de los problemas sociales, sino que, al convertir el tema del Estado solidario en arma política o ideológica, están enmascarando la realidad social del país, con sus enormes fallas y sus falacias, y dando a entender que todo marcha bien y que la cuestión social no exige una revisión integral. Es preciso luchar contra estas indignantes aberraciones políticas e ideológicas. La denuncia sobre la mortalidad infantil, tal como se publicó el viernes pasado, verifica lo dicho. Las declaraciones de la ministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero, fueron objetivas y responsables tanto en la aceptación del problema como en la determinación de “cambiar esta dolorosa realidad”, un compromiso enunciado desde los albores de la presente administración. Esta realidad presenta una serie de datos agobiantes. Mientras la mortalidad infantil, como expresa la titular del ministerio de Salud, es del 9, 6%, en Talamanca, por ejemplo, asciende al 30%. El país no cuenta con suficientes especialistas en este campo y las deficiencias a la hora de levantar la historia clínica no honran, por cierto, el esfuerzo realizado por el país en materia de salud. Los cuidados en los servicios de emergencia deben mejorarse y el control prenatal no satisface, en la práctica, los criterios de calidad. La introducción de nuestro reportaje del viernes pasado toca, por ello, los más íntimos sentimientos del pueblo e interpela, de manera directa, al Estado y al sistema político nacional. Cuatro de cada diez muertes infantiles registradas en los últimos tres años se pudieron haber evitado si las madres de estos niños hubieran tenido acceso a un buen control prenatal. Esto quiere decir que 1.159 niños menores de un año pudieron haber sobrevivido. En resumidas cuentas, no se trata de causas externas imprevisibles, de factores de fuerza mayor o de situaciones incontrolables, más allá de la voluntad de las personas, sino de “muertes prevenibles” en el período 2003-2005, esto es, que son producto de una serie de causas personales e institucionales. La lítote de la “muerte prevenible” no logra ocultar la realidad: el Estado –y con él las personas responsables y todos los que, de alguna manera, no han hablado a tiempo– han quebrantado el derecho a la vida. Si el Gobierno, tal como lo ha expresado la ministra de Salud, se ha propuesto llevar a cabo un esfuerzo ingente, en el orden profesional, técnico, educativo y financiero, para poner fin a esta vergüenza y para restaurar este derecho esencial del ser humano, debe culminar esta tarea de humanidad y dignidad, y exhibirla, con todo derecho, como su más preciado logro histórico. ¿Estado solidario? ¡Cómo las desviaciones y los intereses políticos e ideológicos pueden separar la atención del país de sus cuestiones esenciales!
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