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Ética y renuncia de legislador Agustín Ureña Álvarez 4m-ureville@ice.co.cr El legislador está llamado a proteger los mejores intereses de la patria, y a defender y ostentar también los más altos valores éticos y morales. El legislador debe representar lo mejor y promover el mayor beneficio para el mayor número posible. Asimismo, debe promover las acciones que eliminen los actos y omisiones, que lesionan los intereses vitales de las grandes mayorías. De ahí que el legislador tutela la ley, bien preciado de todos. El legislador es, entonces, un modelo; si no lo es, debe serlo. Tiene el poder y el deber de buscar y aprobar lo mejor para todos, ahí donde los demás no vemos todo. Tiene la facultad de dictar normas que restringen la propiedad y hasta la misma libertad, así como de proteger a los débiles del abuso de los poderosos y de injusticias varias veces milenarias. Las mujeres y los niños siempre han llevado la peor parte. Mezcla equilibrada. La ley es intangible: nos rige, pero no existe por sí ni tiene vida propia. Los demás poderes de la República se limitan a ejecutarla o interpretarla, pero, a la larga, solo tratan de ser espejo de Montesquieu, de ese Espíritu de la ley. En contraste, el legislador es casi su encarnación, porque es quien gesta la ley, el que le da vida, en un embarazo que debiera ser mezcla equilibrada, mesurada y juiciosa de política, justicia, sentido común y algo de Derecho. ¿Qué persigue la ley?, pregunta Sócrates a Critón. La justicia, responde indubitable el discípulo, con la complacida aceptación del maestro. El legislador es, entonces, el génesis de la ley; entiéndase, de lo justo. Es inevitable que todos los ojos estén sobre el legislador, que, si no es ejemplo, tiene que serlo. Lo que haga u omita, diga o calle, será objeto del más riguroso escrutinio, porque al que se le ha dado todo se le exigirá todo. Por su voluntad, el legislador pidió que se le diera todo, y le fue concedido: se le dio el don precioso de hacer la ley. Sus méritos serán, entonces, valorados de modo extraordinario, porque lo que haga bien se entenderá así porque ha buscado y logrado justicia para el mayor número posible. En la misma balanza, por ese gran poder que se le ha conferido, sus faltas son más graves que en un ciudadano común: si ha sido llamado a tutelar la justicia y él mismo la viola o se vale de malentendidos privilegios para evadirla, eso es traición a su juramento; por ejemplo, si debe proteger los derechos humanos, pero él mismo es un violador de esos derechos, ha traicionado su misión vital, le ha dado la espalda a la ética y ha actuado contra los mejores designios que los electores le señalaron. Deshonra a pares. En esas circunstancias, surge una incompatibilidad fundamental entre sus actos y los principios que juró defender y por los que se le exigirán cuentas. Ese legislador ha deshonrado a sus pares del recinto parlamentario. Aun la simple duda sobre uno mancha a todos, injustamente; la duda se nutre de un malentendido fuero, concebido para proteger la labor parlamentaria, no para encubrir debilidades humanas, que nada tienen que ver con la labor parlamentaria. Ya no es digno de entrar ahí, ni es digno del cargo, y menos aún de pedir la palabra y votar leyes que han de proteger a los que han sido sus víctimas, como si él fuera ajeno al daño que les ha causado. Tiene solo un camino: renunciar. Ha traicionado la ética de sus objetivos, ha perjudicado a todo el cuerpo legislativo y, en definitiva, se ha traicionado a sí mismo. ¡Que renuncie! Y, si no renuncia, llegados a ese punto, corresponde a sus pares realizar el exorcismo social que lo haga renunciar, para que se limpie el ya manchado altar de la patria. La duda sobre uno mancha a todos.
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