|
|
 |
|
 |
|||
|
|
EDITORIALEstado solidario y… eficiente Los sindicalistas y políticos que hoy adversan el TLC han callado, por años, ante la pésima gestión pública de los programas socialesEl gasto social es relativamente elevado: ¢1,5 billones. Sin embargo, el sistema no funciona y el dinero no ha llegado a los pobres El tema del Estado solidario o del Estado social de derecho se ha ventilado profusamente en estos meses como antítesis del TLC o, en su otra versión, este tratado como agente destructor del Estado solidario o de los programas sociales, y aun como camisa de fuerza del propio desarrollo social del país en el futuro. Este planteamiento es tan falso como el argumento de la soberanía o de la independencia nacional para estigmatizar popularmente este tratado. Ambas posiciones parten de una visión ideológica desorientada del desarrollo de nuestro país. En cuanto al Estado solidario, mal hacen los agentes de estas proclamas en utilizar la dolorosa realidad de la pobreza con fines políticos o ideológicos. Más bien, un elemental sentido de justicia y de humanidad, así como de genuina participación democrática impele no a la descalificación y a la (in)cultura del no, característica de estos dirigentes políticos y sindicales, sino al debate y a la competición en el campo de las soluciones concretas y viables. Estos personajes y grupos rehúyen, sin embargo, esta dimensión esencial de la recta política por cuanto la vertiente de las soluciones exige, necesariamente, estudio, compromiso y enfrentamiento con diversos intereses. Esta falta de concreción y este alejamiento de los hechos se comprueba no solo en la carencia de propuestas de solución, sino también en el desdén o el temor de la crítica objetiva sobre la gestión de las instituciones públicas, uno de los aspectos más graves del deterioro social del país. Tal como hemos comentado en otras ocasiones, La Nación ha publicado, en estos años, numerosos reportajes sobre la deplorable gestión pública de los programas sociales. Esta información de primera mano, derivada de estudios o informes de expertos en la materia, o bien, de entidades como la Contraloría General de la República o del programa Estado de la nación han suscitado, más bien, la ira en no pocos declamadores del Estado solidario. Los respectivos reportajes, en vez de estimular la propuesta de reformas, se han calificado como un acto de conspiración contra los programas sociales y de malvados intentos de privatización. En el editorial del lunes pasado comentamos algunas conclusiones del estudio de Juan Diego Trejos, investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Academia de Centroamérica. Una de las más impactantes expresa que el gasto social es relativamente elevado (¢1,5 billones), pero no todo se dirige ni beneficia a las personas de menores ingresos. Un importante porcentaje de esas erogaciones lo reciben personas ubicadas en los estratos mejor situados de la sociedad costarricense. Algunos informes internacionales y nacionales formularon una denuncia parecida en años anteriores. Los que, ahora, se desvelan por el Estado solidario, con intereses políticos, guardaron silencio, quizá convencidos de que las proclamas sustituyen el estudio, las propuestas de solución o la crítica de los programas sociales. Publicamos también, el lunes pasado, un reportaje sobre las trabas que ponen las instituciones para reducir la pobreza. Esta información se basó en un programa desarrollado por la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional acerca de Nosara, en Guanacaste. Sobre el particular, el sociólogo Miguel Sobrado, quien lideró el grupo de estudio sobre Nosara, declaró: “Pienso ahora que todo el sistema no funciona”. Y este sistema no ha sido una invención extraterrestre ni parte de una conspiración internacional ni engendro del neoliberalismo, sino creación nuestra. La desorientación en cuanto a las políticas sociales, la pésima gestión pública, el derroche a manos llenas, el clientelismo y la corrupción no son artes diabólicas. Son responsabilidad de los Gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones públicas. Quienes hoy levantan tribuna por el Estado solidario nada, al parecer, vieron ni oyeron. Ahora, pretenden traspasar su desparpajo y falta de seriedad académica y política sobre el pasado al futuro, al culpar al TLC del deterioro social de los años venideros. Bien harían el PAC y los dirigentes sindicales, confirmada su alianza actual, en buscar las causas de su silencio sobre el deterioro social del país y pasar de la democracia callejera a la democracia participativa y cognitiva, en cuanto a la evaluación de las instituciones públicas y a la presentación de soluciones concretas.
|
|
|||
 |
|
|
© 2006. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS  |
