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Guatemala hace autocrítica tras los Acuerdos de Paz Informe de gobierno da cuenta de logros y fracasos en diez años de pazFalta legislar para eliminar resabios de discriminación y racismo Guatemala. AFP. Pese a que en Guatemala hay mayor participación ciudadana y de la mujer, se han reestructurado las Fuerzas Armadas y se han dictado políticas públicas en materia de derechos humanos, muchas son las cosas que quedan por hacer diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil. En un informe presentado ayer, el gobierno guatemalteco recoge las luces de este período, en particular la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta ley contempla la participación de pueblos indígenas y de la mujer específicamente en los denominados Consejos de Desarrollo Departamental. Si bien es cierto que se ha reforzado la presencia de la mujer en la sociedad guatemalteca, el informe reconoce que falta legislar para eliminar los resabios en materia de discriminación y racismo, así como retomar el marco internacional para dar cumplimiento a los convenios y compromisos internacionales. También acepta que no se han creado los mecanismos legales para regular el trabajo doméstico, el acoso sexual, así como ampliar los espacios políticos y económicos para la mujer, ni se ha fortalecido la Comisión Nacional Permanente de la mujer indígena. En lo que respecta a seguridad y defensa, el gobierno destaca avances en cuanto a la reducción de efectivos de las Fuerzas Armadas, la creación de una nueva doctrina militar, así como la instauración de un Consejo Asesor de Seguridad, integrado por civiles. Reconoce la ausencia de una ley que regule a las empresas de seguridad, una Ley de Orden Público, aparte de una política de seguridad pública, así como el traslado del control de la tenencia de armas, del Ejército a la cartera del Interior.
En materia de derechos humanos, el gobierno destaca que hay que fortalecer la coordinación formal entre instituciones de seguridad pública y la justicia. También hay avances importantes en esa materia: se instaló la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) y se ratificó el Protocolo contra la Tortura. Los acuerdos fueron firmados el 29 de diciembre de 1996 entre el Gobierno y la exguerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
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