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EDITORIALMás allá de Pinochet El exdictador ha muerto sin ser castigado por sus múltiples crímenesA pesar de la impunidad, los chilenos avanzan por una ejemplar ruta El general Augusto Pinochet Ugarte murió el domingo, a los 91 años, como no debería morir ningún exdictador: impune. A pesar de los miles de asesinatos cometidos durante sus 17 años de régimen militar, entre 1973 y 1990; a pesar de los apresados, desaparecidos o exiliados; a pesar de su captura en Londres, en 1998, bajo severos cargos de abusos a los derechos humanos planteados por el juez español Baltasar Garzón; de su posterior deportación a Chile; de los infructuosos intentos por enjuiciarlo en su país, y de las revelaciones sobre cuentas secretas por más de 27 millones de dólares guardadas en el exterior, el general falleció sin haber purgado ninguna pena, como merecía, y como merecen todos aquellos que han atropellado a sus conciudadanos, no importa las razones que aduzcan para hacerlo, ni otros resultados que se puedan atribuir a su control del poder. El golpe de Estado de Pinochet y las fuerzas armadas chilenas contra el Gobierno socialista de Salvador Allende, el 11 de setiembre de 1973, fue recibido, ciertamente, con alivio por amplísimos sectores de la sociedad chilena, que temían (con razón) la posibilidad de precipitarse en el caos o la dictadura marxista. Eran tiempos de gran confrontación e indudables riesgos, cuando los sectores más extremos de la coalición gubernamental tomaban cada vez más poder, y la arbitrariedad y la violencia comenzaban a asomar su cara en un país acostumbrado a la democracia y la convivencia pacífica entre sus ciudadanos. El régimen que siguió, sin embargo, en lugar de restaurar la institucionalidad asediada y reabrir la vía democrática, se convirtió en una de las más sangrientas dictaduras del continente. Pinochet fue su cabeza más cruel e inflexible. Por algo, después de Fidel Castro, es el más emblemático tirano latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Cierto que durante su gobierno, tras varios traspiés económicos, se establecieron las bases para el proceso de estabilidad y crecimiento del que ha disfrutado la economía de Chile por casi dos décadas. Y cierto también que el general y sus aliados dejaron el poder bajo la fuerza de un plebiscito contemplado en la propia Constitución de la dictadura. Son dos aspectos indudables, que forman parte de la historia. Sin embargo, nada de lo anterior compensa los crímenes y arbitrariedades cometidos, como no pueden justificarlos, en ningún otro país, cualesquiera argumentos de índole económica, social, étnica o religiosa. La transición pacífica tuvo la gran ventaja de evitar turbulencias como las padecidas en otros países. Dio, además, grandes posibilidades para la sucesión de gobiernos democráticos, que han combinado estrategias sociales inclusivas con políticas económicas de apertura, responsabilidad y estabilidad. Pero también produjo la impunidad del exdictador. Quizá era un precio que había que pagar para evitar males mayores. Fue una decisión que el conjunto de la sociedad chilena, mediante los mecanismos de la democracia, prefirió tomar. Por esto, debe ser respetada, aunque, al desaparecer Pinochet, deje un amargo sabor. Pero su desaparición definitiva del panorama chileno, en el que se había ido desdibujando paulatinamente, es un gran aporte para despejar el estorbo y distorsión que implicaba su presencia. De este modo, la vida política y social podrá transcurrir en adelante por cursos de mayor normalidad, dentro de consensos fundamentales, pero sin esconder las naturales diferencias entre sectores y grupos típicas de la democracia. La plena normalización democrática ha sido un proceso largo y complejo, pero ya está casi cumplido, junto a un ejemplar desempeño económico. Esta es la gran y ejemplar ruta para el futuro de Chile, por la cual todos sus ciudadanos deben sentirse orgullosos, a pesar de que, en el ámbito de la justicia civil, el general haya muerto sin responder por sus crímenes.
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