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Académico: ‘Pienso ahora que todo el sistema no funciona’ Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com Después de trabajar durante dos años en un proyecto para reducir la pobreza en el distrito de Nosara, Nicoya, el académico y sociólogo Miguel Sobrado Chaves concluyó: “Pienso ahora que todo el sistema no funciona”. Sobrado es parte del equipo de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional (UNA) que intentó orientar los programas sociales en esa comunidad.
La UNA entró a Nosara para apoyar al Consejo de Desarrollo Regional Chorotega, que tenía a su cargo la ejecución del programa Plan Vida Nueva en esa región. Ese era el programa insigne de la administración pasada para atacar la pobreza. La UNA primero solicitó un censo en Nosara, el cual llevó a cabo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Según el estudio, el 44% de las familias vivía en pobreza y, de estas, un 17% en extrema pobreza. Ninguna de las 149 familias en extrema pobreza tenían pensión no contributiva, aunque para el IMAS la mayoría lo ameritaba por tratarse de ancianos o personas con discapacidad. “Debíamos dar pensión a viejitos y discapacitados. Dijimos: ‘¿cuántos ingresos se necesitan para sacarlos de la pobreza?’. En el 2004, con los ¢17.000 de la pensión salían al menos de la pobreza extrema”, comentó Sobrado. Pero el primer problema fueron los papeles exigidos por la CCSS. “Con solo eso los desnucaban; un viejito tenía que salir de la montaña para ir a Nicoya”. Se logró que la CCSS al menos tramitara los papeles para los ancianos, pero luego descalificó más de 100 casos porque tenían terrenos con más de 500 metros (aunque ahora se subió a 1.000 metros). “Se aplicaba un criterio urbano a una zona de minufundios. La CCSS no los catalogó pobres, aunque el IMAS sí. Se majan la manguera”, expresó el académico. Se requerían ¢79 millones anuales para sacar de la pobreza a estas familias con la pensión y el presupuesto del Plan Vida Nueva para el distrito era de ¢265 millones. Desajustes. Luego, al contrastar las becas estudiantiles entregadas en Nosara con el censo del IMAS se determinó que el 60% era para niños de familias no pobres. En cuanto a la capacitación, Sobrado criticó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) negaba capacitación en cursos como computación o inglés si los muchachos no tenían noveno o undécimo año. “El INA se negó a ir a Nosara con el argumento de que no había condiciones para los instructora”, dijo Sobrado, aunque luego se impartieron muchos cursos. Anabel Castillo, directora de Programas de Equidad del Ministerio de Educación (MEP), sostuvo que los criterios aplicados por el IMAS para medir la pobreza son diferentes a los que usa el MEP. Según Castillo, los del MEP más bien tienen el objetivo de no excluir a un menor por el hecho, por ejemplo, de que su familia viva en una casa financiada con bono de vivienda. Aseguró que este Gobierno pretende llegar con becas a sitios en los que el Plan Vida Nueva no incluía, sobre todo en escuelas unidocentes y telesecundarias. Ennio Rodríguez, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), afirmó que durante el 2004 y 2005 no siempre las personas más pobres recibían bonos. Se intentó obtener la versión de la CCSS y el INA.
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