|
|
 |
|
 |
|||
|
|
EDITORIAL¿A quién beneficia el gasto social? No todo el gasto social (1.500 billones de colones) favorece a las personas de menores ingresosEs preciso derogar los regímenes especiales de pensiones y fundirlos en el de la CCSS Con esta perturbadora interrogante –¿A quién beneficia el gasto social?– presentó Juan Diego Trejos, investigador de la Universidad de Costa Rica y la Academia de Centro América, un revelador estudio para determinar el impacto del gasto social en la distribución del ingreso de los hogares costarricenses. Las conclusiones a las que llegó el investigador, reseñadas recientemente en La Nación, son impactantes. El gasto social es relativamente elevado, pero no todo se dirige ni beneficia a las personas de menores ingresos. Un porcentaje importante de esas erogaciones, desafortunadamente, lo reciben personas ubicadas en los estratos más afluentes de la sociedad costarricense. Y eso exige una reflexión. El gasto social en Costa Rica asciende, por lo menos, a 1.500 billones de colones, suma que no es nada despreciable y nos ubica en los primeros lugares del grupo de países que más recursos dedica a solventar necesidades sociales dentro de la región. Los gastos involucran no solo al Gobierno central, sino también a muchas instituciones del sector público. Los rubros van desde ayudas directas a las familias más pobres, bono escolar, programas de nutrición, comedores escolares, escuelas, acueductos y dotación de vivienda, hasta servicios municipales, formación profesional, parauniversitaria, servicios culturales y recreativos, pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), financiamiento a universidades públicas y regímenes especiales de pensiones a cargo del presupuesto nacional. Como se puede notar, el Estado no es indiferente a las necesidades sociales ni la sociedad costarricense está del todo desprotegida, como aseveran algunas personas. Pero no todos los gastos tienen los mismos efectos redistributivos. Algunos, por el contrario, son más regresivos pues benefician proporcionalmente más a quienes poseen mayores ingresos. Tienen un carácter redistributivo significativo las ayudas directas que se otorgan a las familias más pobres pues incrementan el ingreso disponible y las posibilidades de lograr un mayor consumo para satisfacer las necesidades básicas. Esa ayuda, debidamente focalizada, puede llegar a representar hasta un 50% del ingreso monetario total que reciben las personas ubicadas en los estratos más pobres; sin ella, su situación sería verdaderamente lamentable. También tienen ese carácter el bono que reciben los trabajadores al inicio del año escolar, los servicios del régimen no contributivo de la CCSS, el programa de becas, transporte y comedores escolares. Pero son muy regresivos los gastos destinados a la formación universitaria y parauniversitaria pues se orientan a personas con mayores recursos, el financiamiento de servicios culturales y recreativos, las pensiones de invalidez, vejez y muerte de la CCSS y, sobre todo, las de los regímenes especiales, como Hacienda, que otorga el Estado directamente. Todas estas erogaciones incrementan los ingresos disponibles de las personas ubicadas en los quintiles más adinerados de la sociedad. Y eso debe revisarse. La justicia social avalada por nuestra Constitución Política exige al Estado cobrar impuestos y contribuciones especiales de los ciudadanos con mayor capacidad de pago para aliviar, por la vía de los gastos, las necesidades de quienes menos tienen. Así, se podría, en teoría, mejorar la distribución primaria del ingreso. Pero, si un porcentaje de esos gastos se dirige a personas que, de por sí, ya reciben mayores ingresos provenientes de sueldos, salarios, intereses, dividendos y otros rubros relacionados con sus aportes a la producción nacional, el sentido de solidaridad se pierde. En vez de redistribuirse más equitativamente el ingreso, más bien tiende a concentrarse más. Esa situación se agrava al constatar que la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini (0,49), se ha deteriorado en los últimos años, al punto de que el gasto social resulta insuficiente para compensar ese deterioro en la distribución del ingreso. También es importante agregar que el estudio realizado no analiza la efectividad ni conveniencia del gasto público, pues no era ese su propósito. No puede ser utilizado para evaluar la calidad de los programas ni aquilatar si llega efectivamente a sus destinatarios y sirve para mejorar las condiciones de pobreza de los costarricenses. En este contexto, habrá que investigar en el futuro si puede hacerse más con los mismos recursos, cuáles programas deben aumentarse o reducirse sin perder el sentido social original. Eso forma parte de la fementida reforma del Estado que ninguno de los últimos Gobiernos ha querido emprender. Pero, de momento, los resultados que emanan de este estudio no deben quedar empantanados. Es necesario tomar cada uno de los gastos sociales, en particular los referentes a universidades y pensiones de Hacienda, y replantearlos en la justa medida para evitar que sigan contribuyendo a hacer una sociedad menos equitativa. Y eso exige una comprensiva reforma legal y administrativa, comenzando por derogar los regímenes especiales de pensiones y fundirlos con los de la CCSS, redistribuir los gastos en educación principalmente a la primaria y secundaria, y obligar a los estudiantes universitarios de familias acomodadas a sufragar una mayor proporción del costo de sus estudios. Solamente así podremos tener una sociedad más igualitaria.
|
|
|||
 |
|
|
© 2006. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS  |
