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Trámites para pensión tardan hasta seis años 12.000 personas hacen fila para obtener ajustes en monto de jubilaciónEscaso personal agobiado por hacinamiento y recursos de amparo Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com En la era de las computadoras, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) vive en la Edad de Piedra pues aún tramita solicitudes en papel y tarda hasta seis años para adjudicar una jubilación. Un centenar de funcionarios, entre abogados y contadores, atienden al público hacinados en bodegas y en oficinas con el aire acondicionado descompuesto y entre expedientes apilados en los pasillos.
Ellos padecen alergias por el polvo y los hongos que se acumulan en 60.000 expedientes de 14 regímenes de pensiones diferentes, los cuales incluyen jubilados de Guerra, Expresidentes, Hacienda, Magisterio Nacional y exempleados del Ferrocarril. Al año, el Estado paga ¢235.000 millones en estas pensiones. La Dirección acumula en este momento 12.000 solicitudes de ajuste sin resolver. Se trata de extrabajadores que llevan meses o años esperando que les aumenten la pensión para compensar los aumentos en el costo de la vida. Por ley, estos trámites ordinarios no deberían tardar más de tres meses, pero en la práctica el plazo nunca se cumple. De ahí que en los últimos seis meses la Dirección ha tenido que enfrentar 180 órganos disciplinarios contra sus empleados, porque la Sala IV los responsabilizó por incumplimiento de deberes. Todo este panorama está documentado en un informe de situación realizado a mediados de este mes por el viceministro de Trabajo, Guillermo Matamoros Carvajal. Su superior jerárquico, Francisco Morales, expuso el tema en el Consejo de Gobierno del 22 de noviembre y solicitó que se se establezca, por decreto, una “declaratoria de emergencia” para la Dirección de Pensiones. Morales explicó al presidente Óscar Arias que en el estudio detectaron casos graves en los que una persona ha esperado seis años para que le aprueben su pensión o le ajusten el monto. Urgente. Según el ministro Morales, es “urgente” que se definan las necesidades de personal, equipos de cómputo y programas de almacenamiento digital de datos para modernizar la DNP. Para ello ya se conformó una comisión ministerial liderada por Morales, con el apoyo del ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, y su homólogo en Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas. El primer objetivo de Morales es conseguir financiamiento por $500.000 (¢259 millones) para comprar computadoras y mejorar el almacenamiento de los expedientes. También es necesario ampliar las áreas de trabajo. Por ejemplo, en San José, una parte de los empleados trabaja en una vieja aula acondicionada como oficina en el sótano del Ministerio de Trabajo. La situación en la DNP es apenas parecida a lo que ocurre en la Dirección de Migración y Extranjería, donde se apilan, desordenados, 600.000 expedientes de extranjeros residentes y refugiados. Evitar corrupción. Aunque en los primeros seis meses de la administración Arias no se han denunciado casos de aparente favorecimiento en el trámite de pensiones en la DNP, el ministro Morales quiere prevenir que aparezcan jubilados “fantasma” que no cotizaron para el régimen correspondiente. Este riesgo existe porque el manejo documental no deja rastro de cuál fue el funcionario responsable de autorizar una pensión. Morales también suspendió acuerdos de cooperación con la Asociación de Pensionados de Hacienda y el Poder Legislativo, grupo que costeaba salarios de empleados de la DNP y prestaba equipo de cómputo. Según el jerarca, el acuerdo no concuerda con sus principios de “transparencia en la gestión”.
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