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Potestad de aprobar leyes justas Nos inclinamos por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblosJesús Vásquez Quesada Presidente de APSE En la noticia titulada Sindicatos deslegitiman a la Asamblea para votar el TLC (La Nación, 6 de noviembre del 2006) se publica un extracto de la entrevista que me hizo la periodista Ana Lupita Mora, donde se me atribuye la expresión “…podría haber derramamiento de sangre...”. Tales palabras, sacadas de contexto, han servido de jinete apocalíptico para satanizar a los que nos oponemos a la aprobación del TLC. También han dado pie a que un ciudadano escribiese una nota publicada por este diario (Triste afirmación, 5 de noviembre del 2006); y, desde luego, inspiró a don Eduardo Ulibarri, quien escribe el artículo La oligarquía callejera (La Nación, 19 de noviembre del 2006). Denota el señor Ulibarri un desconocimiento absoluto de los avances de la democracia participativa en la toma de decisiones de la APSE en los últimos seis años. En lo que respecta a los editoriales y al artículo del señor Ulibarri, el eje de coincidencias puede resumirse en expresiones subjetivas de ataque a las organizaciones sociales que nos oponemos a la aprobación del TLC y que hemos demostrado una alta capacidad de credibilidad para la movilización pacífi-ca del pueblo costarricense. Es evidente la escasa referencia que hace el señor Ulibarri, de la limitada democracia de la antigua Grecia y, por lo tanto, de la aplicación correcta de los conceptos democracia y ciudadano. La limitación de esos conceptos, a la usanza griega, pareciera ser el esplendor al que aspira la cacareada democracia económica del sistema capitalista. Le faltó al señor Ulibarri la lectura obligatoria de otros autores, que han cuestionado el tema de la esclavitud en el periodo de Pericles. Libre autodeterminación. ¡Claro que el Estado moderno es un avance y, por supuesto, la democracia representativa, siempre y cuando, sus instituciones legislen para las grandes mayorías del pueblo costarricense! La Asamblea Legislativa no tiene la potestad constitucional de convertirnos en esclavos posmodernos del siglo XXI, atados a los viles intereses del capital transnacional representado por la potencia norteamericana. Nos inclinamos por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. La Asamblea Legislativa tiene la potestad, dada por los electores, de legislar con sabiduría, aprobar leyes que permitan salir de la pobreza al 20% de la población costarricense, legislar para evitar la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos (según el último informe del Estado de la nación), discutir un presupuesto nacional que ponga énfasis en los programas sociales, en el desarrollo del país con justicia y equidad, obligando a que los ricos paguen como ricos. Es facultad del primer Poder de la República aprobar leyes tendientes a mejorar la calidad de vida del pueblo costarricense en áreas como educación pública, salud, agua potable, vivienda digna, telecomunicaciones, seguros solidarios, protección efectiva del ambiente, etc. Esta Asamblea Legislativa al servicio de las grandes mayorías, por supuesto que cuenta con todo nuestro aval. No tiene sentido negar las dolorosas experiencias resultantes de la aplicación de TLC en otros países latinoamericanos, documentadas por numerosos economistas y estudiosos de estos temas. Tal es así, que en México, donde el TLCAN, puesto en vigencia desde 1994, logró, para el año 2000, el milagro de que la pobreza aumentase de un 51% a un 70%, y de que, en este mismo periodo, los ricos fueran menos, pero con más dinero. Por otra parte, en Chile se ha cacareado la firma de un TLC, pero los niveles de pobreza y distribución del ingreso siguen caracterizando la desigualdad: cerca del 20% de la población vive bajo la línea de la pobreza.
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