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Cerca de 13.000 homicidios desde 2003 obligan a solución integral

San Salvador, 4 dic (ACAN-EFE).- Los cerca de 13.000 homicidios cometidos en El Salvador desde 2003 obligan a definir una política integral de seguridad ciudadana mediante un acuerdo nacional, similar al que terminó con la guerra civil en enero de 1992.

Así lo afirmó hoy el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Peter Grohmann, en el acto de inauguración de la "Conferencia Internacional sobre Gestión Local de la Seguridad: experiencias exitosas de seguridad ciudadana en América Latina".

El evento, que fue inaugurado por el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se desarrolla en una sola jornada en un hotel capitalino.

Grohmann dijo que "hace quince años los salvadoreños acordaron la paz, fue un acuerdo difícil, negociado por muchos años, pero fue la única salida a la violencia armada y al conflicto social que aquejaba al país".

Los Acuerdos de Paz fueron firmados por el Gobierno y la entonces guerrilla el 16 de enero de 1992 en México para terminar con doce años de la guerra civil que causó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados, según organismos humanitarios.

"Quince años después estamos otra vez ante un conflicto que se ha desbordado y ante la necesidad de un pacto nuevo y serio de la sociedad para reducir las muertes y decir sí a la vida", expresó el representante del PNUD.

Informó de que, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), desde 2003, cuando comenzó el "Plan Mano Dura" contra las pandillas, se han producido en el país cerca de 13.000 homicidios, lo cual en la actualidad significa un aumento de más 65 por ciento.

Indicó que a ello se suman las lesiones, robos, hurtos y violaciones y que los asesinatos de mujeres se han incrementado en un 50 por ciento en 2005 y que en este año "parece que la tendencia lamentablemente se mantiene".

Grohmann expresó que la inseguridad perturba la calidad de vida de la población, afecta de manera especial a los jóvenes, mujeres y pobres, dificulta la vida de las comunidades y profundiza la brecha de las desigualdades sociales puesto que hay quienes pueden comprar la seguridad y otros no.

Agregó que el 11,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, unos 1.700 millones de dólares, son gastados por causa de la violencia, lo cual afecta las inversiones en educación, salud, crear oportunidades económicas o mejorar el medio ambiente.

"Es decir", aseveró Grohmann, "alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio", programados por la ONU para el 2015.

El presidente Saca reiteró que la seguridad ciudadana es una de las principales prioridades del Gobierno, que creó hace tres semanas la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Paz Social para que le propongan soluciones integrales al problema de la violencia.

La Comisión está integrada por representantes de universidades, iglesias, partidos políticos y asociaciones empresariales.

Saca dijo que la Comisión le ha propuesto aumentar los presupuestos de la PNC y Fiscalía, por lo que 100 millones de dólares de un préstamo que ha concedido el Banco Mundial al país, pendiente de ratificación en la Asamblea Legislativa, será reorientado a esos objetivos.

Asimismo, se manifestó de acuerdo en que se prohíba a la población portar armas en sitios públicos y adelantó que creará el ministerio de Seguridad Pública y Justicia, cuyo anuncio oficial lo hará dentro de dos semanas.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Mauricio Loucel, dijo a Acan-Efe que estudian proponer al Gobierno que se limite la venta de armas a civiles, ya que en la actualidad pueden comprarse en almacenes autorizados para luego obtener el permiso legal.ACAN-EFE

chm/rsm

Actualizada el Lunes 4 de diciembre, 2006 [21:23:37] hora de Costa Rica

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