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La justicia está en riesgo Nadie como los pensionados ha sentido la impunidad y la indefensiónJorge Álvaro Soto Pres. Asociación Pensionados Hacienda y Poder Legislativo El editorial “La Justicia en riesgo” (La Nación, 26/11/06) aborda un sensible tema que ya ataca a todos los estratos de la sociedad y que tiene gravísimas consecuencias en el sistema, en la legislación que hemos ido construyendo y en la democracia que nos gloriamos tener. El punto central es la impunidad y, como consecuencia, la indefensión. Nadie como nosotros, los pensionados, ha sentido ambos flagelos: impunidad e indefensión. El editorial se pregunta: ¿Es mala preparación de jueces y fiscales? ¿Leyes defectuosas? Nosotros nos planteamos las mismas preguntas y agregamos ausencia de humanismo y desinterés por los derechos humanos, porque lo cierto es que un expediente de un pensionado en una oficina del Estado, más específicamente en la Dirección Nacional de Pensiones, es para el empleado, para el funcionario medio, para el director, para el viceministro y para el ministro de Trabajo y Seguridad Social solo un puño de papeles. No ven en un expediente a un ser humano, a un adulto mayor, un auténtico drama personal, una familia y toda una vida de trabajo. ¿Por qué esta afirmación? ¿Por qué encontramos que tiene plena relación con el Editorial sobre las fallas en los procesos judiciales, la impunidad y la indefensión? Porque los pensionados del régimen de Hacienda y del Poder Legislativo cumplimos ya 10 años sin que se nos actualicen las pensiones ni se paguen las facturas de gobierno que se nos adeudan y que ya ascienden a 76.000. Ante la negligencia e incumplimiento de deberes del Ministerio de Trabajo, hemos recurrido a lo largo de esta década al Poder Judicial, tanto a la Sala Constitucional como a los tribunales. Pero se alega incapacidad material de la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo. ¿Incapacidad material por 10 años? ¿Cómo puede el Poder Judicial no fijar responsabilidades, no atender los reclamos válidos que están basados en legislación vigente que cobija a un sector de la población que debiera ser objeto de honra y especial consideración como los adultos mayores? ¿Ante quién puede recurrir un pensionado radicado lejos del centro del país, impedido en muchísimos casos por razones económicas, familiares y de salud para desplazarse a San José para presentar papeles y facturas en aras de mendigar un derecho que le asiste? Y no pasa nada. La Dirección de Pensiones está colapsada y es declaración confesa de sus últimos titulares, pero no se hace nada. Se recurre a la Sala Constitucional, que otorga 6 meses al Ministerio para que explique el porqué de su incumplimiento. El Ministerio no responde. La Sala Constitucional emite la llamada “desobediencia” y concede nuevo plazo al Ministerio y este dice: no puedo porque no tengo ni personal ni sistema informático. El Poder Judicial excusa el incumplimiento de deberes y la violación a la ley…y no pasa nada. Esa impunidad, esa indefensión en que nos encontramos ¿es por mala preparación de jueces y fiscales como se pregunta La Nación? ¿Es por leyes defectuosas? Las causas pueden ser más graves. Esas franjas reales de impunidad, como las llama el editorial, nacen de la impunidad en que se mueve el funcionario público y la deshumanización con que desempeñan sus labores muchos ministros, viceministros y jueces. Todos debieran ser los primeros llamados al compromiso y a ver en cada administrado a un ser humano.
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