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EDITORIALDel consenso a la ejecución Si se aplican las reformas pertinentes, los resultados económicos y sociales a mediano plazo serán halagüeñosLa situación política y económica actual es propicia para avanzar y recuperar el tiempo perdido El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó, al fin, su esperado reporte anual sobre la evolución de la economía de Costa Rica. El informe contiene una propuesta macroeconómica comprensiva en la que se detalla qué hay que hacer, y cómo, para lograr mejores resultados de crecimiento con estabilidad. Como es usual, realizó un certero diagnóstico de los males económicos y financieros que aquejan al país y sugirió adoptar, sin dilación, una serie de reformas administrativas sobre las que ha venido insistiendo y se han quedado rezagadas. Pero, esta vez, no solo se dirigió al Gobierno, sino que regañó también a los partidos políticos por su desidia y falta de decisión. Las reformas incluidas en la fórmula van desde cambios substanciales en las políticas monetaria y cambiaria, y lo más intricado de la política fiscal, hasta las leyes y reformas necesarias para aumentar de forma sostenida el crecimiento de la producción y combatir la pobreza. A decir verdad, no hay nada nuevo en la receta. Pero hay detalles interesantes. Después de visitar el país y discutir los retos y reformas pendientes con los líderes de los principales partidos políticos, llegó a la conclusión de que existe en Costa Rica un amplio consenso en torno a la necesidad de mejorar y cumplir las metas de crecimiento de la producción y, también, en torno a la estrategia para lograrlo. La gran mayoría coincide en mejorar la estabilidad macroeconómica para sentar mejores bases para la inversión nacional y extranjera, consolidar las cuentas fiscales y poder financiar las necesidades legítimas de inversión, programas sociales y educación. La mayoría también coincide en la necesidad de cimentar los esfuerzo de apertura e inserción en el comercio internacional, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., pero algunos difieren –señala– en la forma de integrase al mundo exterior y el efecto que podría tener en algunas instituciones públicas. Se está refiriendo, sin ninguna duda, al PAC y a los partidos de izquierda más recalcitrantes, sobre los que recae una alta cuota de responsabilidad. Esa lectura de la realidad política costarricense es correcta. Y hace bien en extender la admonición al Gobierno y a los partidos políticos por su inacción en la aprobación de las leyes y acciones necesarias en los campos financiero y fiscal. Parte de las reformas que avala el FMI se relacionan con las medidas necesarias para poder reducir la deuda pública, actualmente en un monto equivalente al 50% del PIB, y evitar que se convierta en un factor permanente de desestabilización y riesgo. El Gobierno debe considerar seriamente –dice– la necesidad de reducirlo gradualmente hasta un 30% del PIB, manteniendo un superávit primario (sin contar intereses) del 2,5% del PIB por un período sostenido. Ese proceso exige una profunda reforma fiscal que contemple nuevos ingresos y reducción de gastos en áreas ajenas a la infraestructura, programas sociales y educación. Para mejorar las finanzas, recomienda derogar las leyes con destinos específicos que le imprimen rigidez a la ejecución del presupuesto de la República, empezar a trabajar con una programación fiscal de varios años para enfrentar adecuadamente las necesidades de desarrollo a largo plazo, avanzar en la construcción de obra publica por el sector privado mediante las disposiciones de la nueva legislación, intercambiar mayor información entre autoridades fiscales nacionales e internacionales y mejorar aún más la recaudación. También considera que, dada la fuerte oposición al proyecto de reforma al impuesto sobre la renta (particularmente la renta mundial) y el lapso comprendido entre su entrada en vigencia y la efectiva recaudación, se debería subir la tarifa del impuesto sobre las ventas del 13% al 15% y generalizar su base. Esa simple reforma, del tamaño, quizás, de un par de renglones, tendría un efecto cuantitativo significativo en la recaudación y distorsionaría mucho menos que el impuesto a las transacciones financieras, también propuesto por el Gobierno. De esa forma, se podría recapitalizar el Banco Central y avanzar en las demás reformas fiscales y financieras. Esto es cierto en teoría, pero no creemos que un aumento como el propuesto reciba el beneplácito de los diputados. Más bien, podría complicar la aprobación de otras medidas. El Fondo avala las bandas cambiarias recientemente introducidas en nuestro sistema, como régimen transitorio hacia uno más flexible, para mejorar la conducción de la política monetaria. El fin último de la flotación –dice– es contribuir a disminuir la inflación. Por eso, en el ínterin, pueden estar tranquilos los participantes en el mercado de divisa y el público en general –agregamos nosotros– pues el Banco Central está conduciendo adecuadamente el proceso de transición hacia un régimen más flexible. Hay que darle tiempo para que las fuerzas del mercado se acomoden y señalen el tipo de cambio de equilibrio. Pero hay que avanzar en las otras reformas incluidas en la receta, como regular adecuadamente los bancos denominados offshore, supervisar mejor a las entidades financieras, sobre todo en cuanto a las previsiones que deben adoptar para mitigar los riegos inherentes al nuevo régimen cambiario, y reducir las distorsiones existentes entre los bancos públicos y privados. Según el Fondo, si se aplican las medidas y continúa la buena marcha de la economía en su crecimiento interno, estimulado por la expansión mundial del comercio, los resultados a mediano plazo podrían ser sumamente halagüeños. Se podría mantener el elevado crecimiento de la producción, bajar la inflación a niveles internacionales, aumentar los salarios reales y reducir la pobreza. La receta está completa y los resultados, anunciados. Lo que falta es aplicarla sin mayor dilación.
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