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Errores judiciales propician impunidad Acusaciones mal planteadas y fallas en procedimientos para recabar pruebasEn algunos casos, las autoridades se extralimitaron en sus funciones Otto Vargas M. ovargas@nacion.com En febrero, la Sala de Casación confirmó la absolutoria de un hombre de apellido Suazo, a quien el OIJ detuvo con cocaína en un retén de carretera en Pijije de Bagaces, Guanacaste. Los magistrados destacaron que la captura, registrada a principios del 2005, obedeció a un trabajo preventivo y no a una investigación, como es su competencia. En marzo, tres mexicanos condenados a 12 años de cárcel por trasegar 380 kilos de cocaína (en el 2003) recuperaron su libertad al considerar el Tribunal de Casación que el juez a cargo del allanamiento no justificó la diligencia, efectuada fuera de horario. En setiembre del 2005, un hombre que mató a una colegiala embarazada durante una persecución policial se libró de ir a prisión. “El Ministerio Público cometió un error al acusarlo por un delito doloso (intencional), cuando lo que aquí se demostró es que el hecho ocurrió porque el imputado conducía a alta velocidad”, dijo el Tribunal de Juicio. Acusaciones mal planteadas, errores en los procedimientos de recolección de pruebas y autoridades que actuaron más allá de su competencia –entre otros fallos– dieron al traste con la condena de sospechosos de delitos graves.
Esa situación ha sido una constante desde 1998, cuando se instauró el nuevo Código Procesal Penal, según advirtió el juez y presidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, Carlos Chinchilla. Fallos. “Con el nuevo Código surgieron choques importantes; pugnas por ámbitos de competencia. Los errores se han disimulado, pero es un hecho que existen. “Eso ha causado impunidad, lo que es grave, pues genera desconfianza en el sistema judicial”, puntualizó Chinchilla. El experto destacó que si bien el Código Procesal establece procedimientos para conducir una investigación, “ ha creado tal dependencia al papel que se olvida de la esencia: aplicar justicia”. En abril del 2004, un hombre de apellido Morales –condenado a 12 años de cárcel por posesión de droga para la venta– quedó libre gracias a un error técnico. El juez penal que tenía a su cargo la investigación delegó en su homólogo de Bribri (Talamanca) la ejecución del allanamiento en Puerto Viejo, al sur de Limón. Todo lo actuado a partir de ese momento quedó sin efecto. En noviembre del 2001, otro error impidió llevar a prisión a seis sospechosos de vender drogas en la zona roja de Pococí. El operativo se llevó a cabo sin que un juez firmara el acta de marcación de los billetes con los que se compró el sicotrópico. En julio pasado, un allanamiento hecho cinco minutos después de la hora límite acordada salvó a un vecino de Golfito (de apellido Guerra) de ir a un presidio por venta y posesión de drogas. Familias golpeadas. El director del OIJ, Jorge Rojas, considera que para los familiares de las víctimas esos errores son inaceptables. “Ninguna familia va a entender esas fallas; para mi son inexplicables y motivo de preocupación. Es importante que existan órganos que detecten esos errores... u horrores”, consideró. La Fiscalía también ha fallado al plantear acusaciones. La golpiza que recibió Cristian Retana en 1995 –perdió el 80 por ciento de su capacidad física– quedó impune. Los fiscales acusaron a dos jóvenes por lesiones en vez de tentativa de homicidio. Por ser lo primero un delito de pena menor, el caso no tardó en quedar prescrito. Algo parecido ocurrió con un exjuez y un exfiscal, quienes redujeron una pena carcelaria en favor de dos narcos mexicanos en 1999. La Fiscalía no solo calificó su actuación como un delito menor, sino que tardó en solicitar que el hecho llegara a juicio. Cuando eso ocurrió, el caso estaba prescrito. El lunes trasanterior un tribunal absolvió a los sospechosos de matar a la periodista Ivannia Mora por considerar que dos de los testimonios clave fueron recabados de forma irregular.
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