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Alterra: el verdadero contrato O cumple el contrato y asume las multas, o el gobierno rescinde el contratoRodolfo Silva Vargas, Manuel Sáenz Herrero, Mauricio R. Gutiérrez, Otto Escalante Wiepking, Rodrigo Cuesta Valverde, Juan José Sobrado Chaves Confiesa Alterra, por medio de su vocera Mónica Nagel (La Nación, 7/8/06), que para ellos el contrato son ciertos acuerdos del Cetac en el 2001, y no el verdadero y legítimo contrato que refrendó la Contraloría General en diciembre del 2000, producto de la licitación y su oferta en competencia con otras, que en ningún caso podría variarse. O sea que Alterra entiende por contrato lo que no es, y a partir de ahí elabora su supuesto desequilibrio financiero ilegítimo e inexistente y sus pretensiones leoninas. Es fundamental que el público sepa, para no dejarse confundir, que lo que Alterra llama "contrato" son unos acuerdos promovidos por la administración Rodríguez que no tienen ninguna validez legal para variar el contrato original y se refieren al así llamado "modelo de proyecciones financieras" (MPF), documento meramente indicativo que, conforme al contrato, "no representa garantía alguna por parte de la Administración para efectos de futuros ajustes de tarifas o cálculos para el restablecimiento del equilibrio financiero del Gestor...". Cetac no lo dijo. Aclarado lo anterior, también es falso que el Cetac haya dicho lo que Alterra dice que dijo. El órgano fiscalizador dijo: "el Cetac no puede asumir ninguna responsabilidad por los supuestos presentados por el Gestor ante los acreedores, ni por la viabilidad financiera del proyecto." (oficio OFGI-01-119), y la Contraloría: "la actualización del MPF no tiene como efecto el reconocimiento de derechos que no se ajusten a los términos contractuales..." (reiterado por enésima vez en resolución DCA-1045 del 28 abril 2006). Añade la Contraloría: "no logra comprenderse cómo es que ahora las partes pretenden sostener la existencia de un desequilibrio económico financiero creado a partir de acuerdos adoptados por la Administración". Conclusión obligada porque, de otra manera, los entes públicos podrían negociar cambios libremente, no existiría el principio de la licitación, y los fondos y bienes públicos estarían a merced de sus administradores. Mala señal. Para forzar ese argumento imposible y falso, Alterra suspendió las obras durante tres años para ejercer presión, y salieron luego con sus addenda cuya lógica es: "si la Contraloría dice que no se puede hacer lo que queremos porque viola el contrato, entonces cambiemos el contrato para que se pueda", lo que es peor y fue rechazado por la Contraloría. Ahora, o cumplen el contrato y asumen las multas por la paralización de obras, o el Gobierno rescinde el contrato por culpa de Alterra con las penalidades consiguientes. No hay alternativa; no hacerlo sería disparate. Las obras pendientes, según reconoce Alterra, solo valen $37 millones, que es menos de los ingresos netos anuales del aeropuerto, que en tal caso quedarían a disposición del Gobierno, y, bajo régimen de emergencia, se podrían hacer las obras de inmediato. Si Costa Rica no hace respetar el contrato y el régimen de derecho, lanzará una mala señal a los inversionistas porque les hará ver que aquí sus inversiones no tienen el amparo de la razón y del derecho, y que pueden renegociarse por influencias políticas, al mejor estilo de una banana republic. No se puede seguir jugando con el futuro del país, amenazado seriamente por este irresponsable atraso de las obras, que deberían haber sido concluidas desde el 2003. La situación aeroportuaria actual es crítica.
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