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EDITORIALMiedo a la libertad Bien ha hecho el presidente Arias en proclamar, ante las malas prácticas anteriores, el principio de transparencia y accesibilidad informativasSiguen los sobresaltos por las acometidas contra la libertad de expresión en nuestro país. Nos enorgullecemos con razón del reconocimiento mundial de que goza nuestro sistema democrático, inalterable desde 1949 en el orden electoral. La democracia, con todo, trasciende la pureza de los comicios. Nos preocupa, por ello, el menoscabo de los derechos económicos y sociales en diversos sectores del país, el debilitamiento del sistema político, el disfuncionamiento del Estado y las fisuras visibles, como señalamos, en la libertad de expresión, carta de presentación de una democracia sólida y floreciente. No nos vamos a referir, en este comentario, a los tropiezos de la nueva legislación sobre los delitos contra el honor, en estudio de la Asamblea Legislativa, ni a algunas resoluciones judiciales que no dicen bien de nuestro prestigio democrático, causa, en ambos casos, de críticas en el exterior contra el Estado costarricense. El miedo a la libertad aún no ha desaparecido de ciertos círculos políticos y profesionales. Tampoco vamos a referirnos al boicot del gobierno de Abel Pacheco contra este periódico en el campo publicitario, mediante una directriz vergonzosa, a la chita callando, que, más vergonzoso aún, los jerarcas se encargaron de acatar sumisamente, ni a las "conferencias de prensa" disciplinadas y mediatizadas para evitar las preguntas sorpresivas o el sonrojo de las repreguntas, de parte de quienes no formaban parte del juego. En este contexto se instauró, en algunas instituciones públicas, la táctica del silencio o del monopolio de la información -a regañadientes y calculada- en algunos funcionarios; en definitiva, el miedo a la prensa profesional e independiente. En buena hora, lo que lo enaltece, el Gobierno actual ha ordenado tumbar esas puertas y ese estilo antidemocrático, por convicción propia, y en armonía con la resolución de la Sala Constitucional del 31 de mayo pasado. Esta respaldó a dos funcionarios del Instituto Geográfico Nacional (IGN), amonestados por escrito, en agosto del 2005, por dar declaraciones al diario Extra, "sin contar con el aval de la jefatura". "Ni siquiera un interés público -expresó la Sala citada- podría limitar los derechos fundamentales de un funcionario público". Este derecho incluye la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público. Tal como informamos ayer, a muchos funcionarios públicos se les ha arrebatado esta libertad. No pueden difundir informaciones, y menos críticas, sobre el funcionamiento de sus instituciones o de los jerarcas. Esta coacción se ha aplicado, en estos años, en el ICE, en Recope, en el AyA y en Correos de Costa Rica. Justo es aclarar, con todo, que, en lo referente a Recope, el presidente ejecutivo actual, José León Desanti, ha puesto fin a esa práctica. "Recope -dijo- no tiene nada que ocultar. La directriz es transparencia". En cambio, el presidente ejecutivo del ICE, Jorge Gutiérrez, sigue apegado, como expresó ayer, al viejo estilo de años anteriores o fijación de "una raya" (sic)., una tentación a la que sucumbió también el presidente ejecutivo del AyA, Ricardo Sancho, en circular reciente al personal. Estos funcionarios difieren radicalmente de la directriz del presidente Arias contra la centralización de la información. "Me parece -manifestó- que debemos ser muy abiertos con la prensa, muy accesibles". Este no es, por cierto, un favor o concesión, como creen algunos, a la prensa, sino un deber y un acto de fidelidad con la democracia y con el pueblo. El derecho a informar y a ser informado es consustancial con el sistema democrático y con la propia dignidad humana. Su deterioro en nuestro país, como lo hemos apuntado, nos perjudica a todos. Ni por miedo ni por ignorancia ni por protagonismo político ni por incompetencia ni por nada se debe acallar la voz de los funcionarios públicos. Lo propio de la democracia es la publicidad, como lo es el secreto en un régimen dictatorial. Muchos graves errores y muchos escándalos podrían haberse evitado a tiempo, en el orden moral, técnico o administrativo, en las instituciones públicas y en la política, si la palabra libre, justa y precisa no hubiera perdido su sitial de honor. En esta materia tan principal, como en otras, debemos, sin tardanza, ponernos al día.
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