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Tercera parte de los reos purgan penas por narcotráfico El 75 por ciento de los sentenciados por tráfico de drogas son costarricensesSon reclusos pacíficos pero controlan ventas de drogas en cárceles Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Casi la tercera parte de la población penal purga penas por delitos relacionados con narcotráfico, revelaron autoridades del Ministerio de Justicia. Se trata de 2.007 reclusos (28%), entre ellos 484 mujeres.
Actualmente hay 7.168 reos en el llamado "ámbito cerrado" en todo el país, la mayoría por delitos contra la propiedad como robos, asaltos y hurtos. De acuerdo con informes oficiales, el 75 por ciento de los traficantes presos por narcotráfico son costarricenses, casi todos de muy baja escolaridad, a quienes detuvieron por venta de crack, marihuana y cocaína al menudeo en la calle o en viviendas. Hay un grupo pequeño de presos, las autoridades no precisaron cuántos, ligados a "mandos medios o bajos" de redes del narcotráfico internacional que operaban en Costa Rica. La mayoría son de nacionalidad colombiana, aunque también destacan cubanos y guatemaltecos. De los 494 extranjeros recluidos, 142 son colombianos (el 29 por ciento), 136 nicaragüenses (28 por ciento) y 42 guatemaltecos (9 por ciento). Reos narcos ejemplares.A diferencia de otros reclusos, a quienes se les vincula con hechos de violencia, los narcotraficantes casi nunca se meten en discusiones o peleas. Participan en cursos, charlas y programas de capacitación que ofrece el sistema penitenciario como parte de su "reinserción a la sociedad", buscando así beneficios para salir de prisión "legalmente". Lo que no pueden evitar estos presidiarios "pacíficos y conciliadores", es continuar con el estilo de vida que mantenían en libertad. "El poder los atrae, los tienta todos los días", comentó un jefe policial. De hecho, el mercado negro de la droga en las prisiones nacionales, donde hay crack, marihuana y drogas sintéticas, está bajo el control de sentenciados por narcotráfico. Estos reos, explicaron jerarcas policiales, se valen de terceros, de condenados a largas penas de prisión, con esposa e hijos por mantener, para no verse involucrados en caso de requisas o decomisos. "Manejan el negocio a través de cómplices a quienes encargan el trasiego, ocultamiento y la venta de las drogas. Cuando se realizan decomisos ocurre lo mismo que en las calles, casi siempre se detiene solo a los intermediarios", reconoció el director de Adaptación Social, Guillermo Arroyo. Según dijo, pese a ello "es gente muy hábil que tiende mantener un perfil bajo para evitar problemas". Aferradas a las drogas. En el centro penal El Buen Pastor hay 484 mujeres presas por venta o trasiego de drogas, la mayoría "jefas de hogar" que se metieron en ese ilegal negocio obligadas por la pobreza. "Yo no conseguía trabajo y tenía que velar por mis hijos. Un día me ofrecieron vender drogas sin salir de mi casa y acepté. Ahora estoy pagando ese error", afirmó Silvia Elena Ávila, madre de tres hijos. Esa misma desventura vive Kattia Córdoba a quien detuvieron por venta de crack en Heredia. "Lo hice por necesidad, no hay trabajo en ningún lado. Claro, ahora estoy sufriendo; esto es horroroso", comentó mientras caminaba cabizbaja por uno de los pasillos de El Buen Pastor. El 89 por ciento de las mujeres presas son madres, además, jefas de hogar, precisaron en Justicia.
Ayuda social para mujeres presidiarias Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Las mujeres recluidas en la cárcel El Buen Pastor tendrán acceso a programas de ayuda social que ofrece el Gobierno para mitigar la pobreza. Ese es uno de los objetivos que impulsará el Ministerio de Justicia para ofrecer "un tratamiento adecuado e integral" a más de 500 reclusas, la mayoría jefas de hogar y sentenciadas por narcotráfico. De acuerdo con informes oficiales, gran parte de las mujeres condenadas se dedicaron a la venta de drogas por falta de trabajo y por la difícil situación económica que enfrentaban. Según estudios hechos por Adaptación Social, el 89 por ciento de las reclusas tienen hijos, la mayoría de los cuales son cuidados por familiares en condiciones precarias. Justicia se propone incluir a las presidiarias en programas de asistencia social, tales como bono de la vivienda y ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros dirigidos a sectores marginales del país. Ese tipo de asistencia gubernamental casi nunca llega a las presas, lo que constituye "un doble castigo", según la titular de Justicia, Laura Chinchilla. "Estamos planeando una estrategia de trabajo que nos permita cubrir las necesidades integrales de la mujer privada de libertad además de herramientas básicas para su crecimiento personal y laboral", añadió. Las autoridades también abrirán talleres de capacitación "en coordinación con diferentes instituciones" para garantizarles fuentes de empleo al salir de prisión, evitando así que se dediquen nuevamente, por necesidad, a la venta de drogas. También prevén una fábrica de ropa en la prisión.
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