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EDITORIALSOS social El V 'Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia' debe sacudir al Gobierno de la República, a la clase política y a la sociedad civilDeben dejarse de lado las simplezas ideológicas y constituir "una estrategia nacional del más alto nivel" Sabemos que los numerosos e insistentes reportajes de La Nación, en estos ocho años, como estrategia informativa prioritaria, sobre el deterioro galopante de la cuestión social han calado hondo en el país. Y si alguna duda quedara sobre la magnitud del problema, abrigamos la esperanza de que el informe V Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, presentado el viernes pasado, se encargue de disiparlas y, de una vez por todas, se elabore y se ponga en práctica "una estrategia nacional del más alto nivel, con las autoridades del sector social" para acometer esta tarea esencial, tal como lo expuso, en nuestra edición de ayer, Leda Muñoz, coordinadora de dicho estudio. Este aporte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez (Unicef), en colaboración con la Universidad de Costa Rica, merece la atención inmediata -reflexión, deliberación y ejecución- del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos. Este gran esfuerzo no debe pasar a los anaqueles de las instituciones públicas o de los partidos, como ha ocurrido con otros estudios sobre el mismo tema, con las memorias anuales de la Contraloría y de la Defensoría, o del valioso acervo intelectual de los informes Estado de la nación sobre desarrollo humano. Nadie puede argüir ignorancia sobre la materia y nadie puede negar que ha tenido a mano un magnífico instrumental investigativo para elaborar soluciones concretas y eficaces.
Buena prueba de este desdén es la frecuencia o periodicidad de las llamadas de atención sobre la cuestión social, en particular sobre la niñez y la adolescencia, y el incremento de sus indicadores. El número de menores y adolescentes pobres (menos de 18 años) en el 2000 ascendía a 370.437 (el 29% del total de esta población en el país), y en el 2005 alcanzó a 440. 224 (el 32,2%), unos 70. 000 más. Se ha comprobado un avance en educación (aumento de la cobertura, pero también de la deserción y la repitiencia) y en salud, pero se ha estancado o desmejorado en otros indicadores, como en lo concerniente al embarazo de adolescentes. En esta oportunidad Estado y sociedad deben reaccionar no con lamentaciones o en el campo teórico, sino con hechos. El primero: la puesta en marcha de una estrategia nacional del más alto nivel, como se dijo, a fin de hacerle frente a este gigantesco desafío, que ya nos desbordó, en forma integral, en el orden teórico y práctico. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que este SOS del V Estudio es la consecuencia de un fracaso evidente del Estado y de la política nacional en otros campos. En otras palabras, la pobreza de los niños y de los adolescentes, reveladora de un problema familiar profundo, es el dedo acusador de las víctimas que pone al descubierto la incompetencia, cuando no la corrupción, de los Gobiernos, a la vez que las desviaciones de la política. Se ha puesto de moda, en estos años, atribuir esta verdadera crisis social a causas externas al país y aun a la voluntad de nuestros dirigentes. Esta reacción engañosa, que oculta las causas de los problemas, agrava la situación social, corrompe el análisis y desvía la atención. Ni siquiera la falta de recursos se puede seguir aduciendo como factor negativo ya que, si fuese cierta, las veleidades políticas y gubernamentales en el campo fiscal se encargarían de descubrir la verdad. Así que, ante las conclusiones del V Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, el Estado y la política deben dar un viraje total en sus métodos y en sus objetivos por solidaridad con este sector abandonado del país y por nuestra propia seguridad.
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