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MOPT exime de rampas a buses escolares y de turismo Ministerio de Transportes pedirá criterio a Sala IV para confirmar posiciónBusetas de trabajadores también serían liberadas de requisito obligatorio Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com El Consejo de Transporte Público (CTP) del MOPT acordó anoche que los buses escolares, de turismo y de trabajadores no deben tener rampas de acceso para personas discapacitadas. Para confirmar ese criterio, el CTP pedirá a la Procuraduría General de la República que solicite un pronunciamiento sobre el tema a la Sala IV. La posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) surge después de que la Policía de Tránsito multó -el mes anterior- a varias busetas especiales por carecer de rampas. El Tránsito actuó según la Ley de igualdad de oportunidades, que en su artículo 45 dice que el transporte público debe ser adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad. "Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas", dice la legislación, aprobada en 1996. Aunque la ley estableció que desde junio de este año la totalidad del transporte público debía estar adaptado, el CTP decidió a principios de agosto suspender la aplicación de sanciones por tres meses. El MOPT apoya un proyecto para adaptar la totalidad de los buses en forma gradual durante ocho años más, al menos en el caso de los buses regulares. Pero fue declarado inconstitucional por la Sala IV. Servicio selectivo. Viviana Martín, viceministra de Transportes, argumentó que las busetas especiales brindan un servicio de transporte selectivo, no masivo. Martín dijo que la colocación de una rampa en una buseta elimina cuatro asientos, con el inconveniente de que muchas unidades tienen el mínimo de asientos permitidos (15). La Viceministra añadió que en reuniones con funcionarios de la Sala IV corroboró que el alto tribunal tiene el mismo criterio. Martín se reunió ayer con representantes de busetas especiales, apoyados por el diputado José Manuel Echandi Meza. Echandi interpreta que la obligatoriedad de colocar rampas para discapacitados es solo para el transporte masivo, mientras que el servicio especial es un contrato entre un empresario y un padre de familia o un turista. El legislador también presentó un proyecto de ley con el objetivo de excluir a las busetas especiales de la citada legislación. Al conocer la noticia, Ana Yance Sáenz, coordinadora del grupo Participación Ciudadana, comentó que Costa Rica es impredecible. Sáenz cuestionó en qué condiciones viajarán los estudiantes y turistas con discapacidad en el país.
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